Sería nefasto encarar la crisis actual con simples maquillajes y pequeñas correcciones. No es el desvío del modelo neoliberal sino el propio sistema el que está cuestionado.

El 2 de mayo de 2000, al día siguiente del imponente Jubileo de los Trabajadores, en Tor Vergata, Roma, en una pequeña reunión en el Palacio Apostólico, el papa Juan Pablo II se preguntaba cómo resolver la cuestión central del futuro del trabajo humano. Como sus antecesores Juan XXIII y Pablo VI, expresaba su profunda preocupación por la falta de visión de las clases dirigentes frente a la disminución, conceptual y práctica, del valor del trabajo humano.

Hoy enfrentamos una crisis financiera y económica pero que incluye aspectos morales, éticos, culturales, sociales y ecológicos. Se dispara por causas y efectos que divorcian  y anteponen la financiación y la especulación económica a cualquier modelo productivo de la economía real. El progreso tecnológico y científico no sólo no ha servido para disminuir la pobreza y atenuar la desigualdad sino que ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres, generando más miseria y exclusión. Esta dicotomía se expresa tanto en el nivel internacional (profundizando la brecha Norte-Sur a pesar del mejoramiento de las economías emergentes) como en el latinoamericano, incluido nuestro país, donde el crecimiento sostenido durante seis años ha mantenido situaciones inadmisibles de pobreza, exclusión y precariedad laboral.

Más allá de los distintos escenarios, es evidente que la actual economía mercantilista no ha tenido en cuenta mínimos requisitos de racionalidad y justicia social; y en este aspecto, la subvaloración del trabajo humano como un simple factor de costos es responsable del grave desastre económico-financiero y de sus aún más calamitosas repercusiones sociales, ya que la noción capitalista del libre mercado no toleraba limitaciones sociales, o simplemente controles racionales (“todo al mercado”).

Si bien la crisis es un gran desafío, también constituye una enorme oportunidad donde simultáneamente debemos, con urgencia, elaborar propuestas prácticas para crear un mundo más racional en el reordenamiento internacional (el G 20, la reforma de las Naciones Unidas y una nueva dimensión de los organismos económicos, financieros, comerciales y sociales). Es preciso construir las bases de una “gobernabilidad mundial”, democrática y pluralista, que deberá encarar la elaboración de reglas de juego y alternativas económicas que aseguren el desarrollo con mayor justicia distributiva, de manera sustentable y preservando los recursos naturales.

Es en esta perspectiva donde debemos incorporar la dimensión del trabajo humano no como un complemento sino como la base y el objetivo de los nuevos modelos económico-productivos. Se trata de una condición sine qua non: es imposible estabilizar sociedades democráticas cuando la pobreza, la desocupación y la exclusión son consideradas como parte irreversible del modelo aunque alcancen o hasta superen el tercio de la población.

El trabajo es un derecho humano y un deber fundamental de justicia social y solidaridad, pero también es un elemento clave para la estabilidad, la convivencia y la seguridad de la propia sociedad. Nos dijo Juan Pablo II: “El trabajo es un bien de todos que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él. La ‘plena ocupación’ es, por lo tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social” (Centesimus annus 43).

Antes, en su carta encíclica Laborem exercens (586 y 587), nos había advertido que “el trabajo humano tiene una doble dimensión: objetiva y subjetiva. En sentido objetivo, es el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas de las que el hombre se sirve para producir (…) y constituye el aspecto contingente de la actividad humana”; agregando que “la subjetividad confiere al trabajo su peculiar dignidad, que impide considerarlo como una simple mercancía o un elemento impersonal de la organización productiva”. Asimismo, en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia se subraya que la “dimensión subjetiva” (quien lo hace, el sujeto) del trabajo debe tener preeminencia sobre la objetiva (lo que se hace, el objeto).

Hace poco, Benedicto XVI recordaba que “la persona es la medida de la dignidad del trabajo… porque no hay duda de que el trabajo tiene un valor ético, el cual está vinculado completa y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona”. Recuperando la Laborem excercens señalaba Benedicto XVI “que de la primacía del valor ético del trabajo humano derivan otras prioridades: la del hombre sobre el trabajo mismo; la del trabajo sobre el capital; y la del destino universal de los bienes sobre el derecho a la propiedad privada. En suma, la prioridad del ser sobre el tener. Esta jerarquía de prioridades muestra con claridad que el ámbito del trabajo, con pleno derecho, forma parte de la cuestión antropológica”.

Dejando los aspectos conceptuales, de por sí muy importantes si queremos diseñar nuevos modelos, debemos ver los aspectos concretos. Jeremy Rifkin, autor de El fin del trabajo, señalaba que la economía basada en el simple capitalismo no podría satisfacer las demandas de trabajo (y mucho menos en el futuro) y que debían contemplarse las nuevas formas de organización económico-productiva. Es evidente que lo que llamamos “economía privada”, cuyo fin restrictivo es la obtención del lucro y la rentabilidad, no podrá hacer frente a la demanda creciente de trabajo. Hoy, la solución puede preverse en la organización, mucho más compleja, de una economía múltiple (con sectores estatales, empresas mixtas, iniciativa privada, economía social) que tenga racionalidad, planificación, coordinación y capacidad para interactuar y promover el pleno empleo. En nuestro país hay mucho por hacer, recursos inexplotados y mano de obra cesante. Aunque la tarea no es fácil, se trata de un problema de ordenamiento, planificación y coordinación, que debe situar como objetivo central la promoción del trabajo humano. Esto no puede ser dejado al “libre juego del mercado” sino que debe constituirse en una política pública, central y permanente. Ciertamente, sería conveniente la elaboración de un Plan de desarrollo que incluyera todas las variables económicas y sociales, capaz de coordinar las diferentes políticas públicas y de ordenar los recursos y las prioridades. Sería también de gran utilidad promover los organismos necesarios en los diferentes niveles –nacional, provincial, sectorial– para articular la concertación necesaria de los actores sociales. Si bien no elimina el conflicto social, puede canalizar las coincidencias superadoras para el desarrollo del país con más justicia y equidad, promoviendo el trabajo y derrotando la pobreza y la exclusión.

Es el momento de tener cierta audacia; hay un sistema cuyos paradigmas han fracasado y este escenario obliga a reflexionar, elaborar y proponer fórmulas creativas, que, de acuerdo con criterios de mayor racionalidad y justicia social,  puedan ayudar a configurar un nuevo orden internacional y modelos económico-productivos alternativos; Estados más eficientes y formas más avanzadas de democracia participativa; y, en el caso de la Argentina, cada vez mayor integración regional.

Dentro de este cuadro, extremadamente sintético dada su complejidad, no puedo dejar de recordar el artículo 1 de la Constitución de la República Italiana: “Italia es una república democrática basada en el trabajo”. Tampoco debemos olvidar que nuestra propia Constitución nacional, en su artículo 14 bis, señala: “El trabajo en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección…”.

Finalmente, más allá de los debates y propuestas para buscar vías de superación de la crisis, en nuestra Argentina estamos obligados a enfrentar con urgencia la tragedia de la mortalidad infantil y la pobreza. No puede ser que en el país del trigo y de la carne  mueran veinte chicos por día como consecuencia de la desnutrición. Además de revitalizar las actuales políticas sociales, la asignación universal por hijo pondría a cubierto a todos los niños del país. Sería un motivo de esperanza comenzar la celebración del Bicentenario de la patria promoviendo el trabajo y haciendo esfuerzos sinceros y concretos para terminar con el hambre y la exclusión.

 El autor fue embajador argentino ante la Santa Sede, miembro del Consejo Internacional de la CTA y del Pontificio Consejo Justicia y Paz.

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