El desarrollo veloz y el contexto favorable de la economía global durante las últimas décadas empujó a los españoles hacia el crédito barato y a largo plazo. La reciente crisis y sus consecuencias demanda urgentes cambios de rumbo.

Sólo dos minutos del discurso del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la sesión parlamentaria del 12 de mayo bastaron para girar drásticamente el proceso político y económico de España. Había que reducir 15 mil millones de euros del deficitario presupuesto del Estado en el perentorio plazo de un año y medio para evitar una mayor inestabilidad financiera.

Datos negativos se acumularon en los últimos dos años: casi 20% de desocupación, más de 11% de déficit en las cuentas del Estado y 70% de deuda pública en relación con el producto interno bruto. Y el problema crece cuando se mide el endeudamiento público y privado conjuntamente, que ronda 390% del PIB, sostenido por el Estado central, las Comunidades Autónomas, las empresas y los hogares.

El conjunto de la sociedad y la oposición reclamaban desde hacía tiempo medidas que permitan  vislumbrar un horizonte de salida a la crisis que se agudizaba mes a mes, sobre todo en las dos últimas legislaturas. El Presidente tardó demasiado en reconocer la realidad, ensayó medidas de incentivo público que aumentaron el gasto y amagó con reformas que no concretó. Por eso la embestida sorprendió a propios y opositores. El empujón para tomar decisiones llegó desde el exterior. Los socios europeos enfrentaban un duro embate de los mercados como consecuencia del endeudamiento y el déficit público de varios países en los que se multiplica por dos, tres o cuatro el porcentaje de 3% permitido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de los miembros de la zona euro. También el presidente Barack Obama se apresuró a transmitir a Rodríguez Zapatero su preocupación por un posible arrastre global si importantes economías como la española no contenían un déficit demasiado alto. La situación de Grecia había disparado las alarmas internacionales.

El recorte sobre el presupuesto del Estado español para 2010 y 2011 se producirá tocando partidas sensibles. Se congelará la jubilación desde el próximo año de casi cinco millones de beneficiarios, excluyendo las mínimas y las no contributivas, y eliminando el régimen de jubilación parcial; se reducirán en 5% los salarios de casi 3 millones de funcionarios y 15% en los sueldos de los miembros del Gobierno, que además quedarán congelados a partir de 2011; y se eliminará el beneficio de retroactividad de la Ley de Dependencia, que beneficia a cientos de miles de ancianos y enfermos crónicos necesitados de asistencia mientras gestionan su ejecución. También se decidió reducir el gasto público farmacéutico adecuando el número de medicamentos por envases según los tratamientos y eliminar desde 2011 la prestación de 2.500 euros por nacimiento.

Además las inversiones del Estado en obra pública disminuirán 6 mil millones de euros y la cooperación internacional descontará 600 millones de euros. Estas medidas se suman al aumento del impuesto al valor agregado, que pasará de 16 a 18% a partir del 1º de julio, y a reformas en la estructura laboral, resistidas por los sindicatos.

Las decisiones del Presidente y sus equipos económicos provocaron malestar social y la inmediata reacción de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, hasta ahora aliados naturales del Gobierno socialista. La sociedad permanece en estado de alerta mientras el Parlamento se prepara para tratar el paquete de ajuste presupuestario.

Algunos sectores de la oposición exigen elecciones anticipadas y parte de las alianzas que mantiene el PSOE penden de un hilo según las afecte el recorte económico. España es un socio de peso en una Unión Europea de 27 países en desigual situación económica; su presente y su futuro están ligados a esa alianza que tantos beneficios le ha generado pero que en la actualidad atraviesa el riesgo de la alta volatilidad global. Desde la crisis desatada en 2008, la UE logró un minúsculo 0,3% de crecimiento económico conjunto, sufrió el retroceso del euro con relación al dólar y al yen y padeció la amenaza especulativa de los mercados.

Para escapar de los vaivenes financieros, el Banco Central Europeo y los gobiernos han creado, con apoyo del FMI, un fondo de estabilidad de 750 mil millones de euros para hacer frente a posibles necesidades financieras de sus socios. Sin embargo, las condiciones para acceder al fondo son proporcionales al esfuerzo.

El escenario se interpreta como un paso hacia una gobernanza económica en la zona euro y una clara intervención política en los mercados, aunque los resultados aún no puedan evaluarse y el necesario crecimiento económico no aparezca en el horizonte inmediato y hasta se desdibuje, teniendo en cuenta que el eje de desarrollo gira hacia los países emergentes, particularmente los asiáticos.

 

El devenir de la crisis

En 2006 España hacía un extraordinario balance de los veinte años de integración en la Unión Europea en lo económico, lo político y, sobre todo, lo social. “España ha protagonizado, gracias a la solidaridad comunitaria y al esfuerzo colectivo de todos los españoles, la mayor transformación y modernización de su historia”, se afirmaba en foros públicos.

Los datos, entonces, reflejaban cifras muy diferentes a las actuales: la inflación tocaba 3%, el paro se mantenía por debajo de 10%, las tasas de crecimiento rondaban 3% anual y el PIB español estaba por encima de 90% de la media comunitaria de la Europa de los 15 (primeros países de la Unión), y casi en 100% de la media de la Unión Europea de los 25. La evolución del país fue radical.

Mientras en 1985 España disponía de 2.117 kilómetros de autopistas y autovías, en 2006 había alcanzado los 13 mil kilómetros. Hace 20 años, la inflación española se acercaba a 10% anual, la tasa de desempleo superaba 17% y el PIB estaba en 71% de la media comunitaria.

De la mano de Europa, España logró amplia presencia en la escena internacional. La realidad social española se modernizó mediante la incorporación de las mujeres a la vida laboral activa, la extensión de la educación pública superior, la cobertura sanitaria universal, la implantación de sistemas fiscales progresivos, las leyes sobre la igualdad entre hombre y mujer y una importante cultura democrática. La plena europeización de la vida política, económica y social, así como de su seguridad interior y exterior, se alcanzaron en coherencia con el proyecto colectivo conquistado en la Constitución de 1978: la calidad de vida de los españoles se ubicó entre las mejores del mundo. De país de emigración se transformó en una sociedad capaz de integrar una plural inmigración que alcanzó casi 10% de su población y constituyó parte del motor de crecimiento demográfico y  económico reciente. Además, la sociedad española ha roto sus estereotipos negativos, logrando el cambio de la imagen que de ella se tenía en el resto de Europa y en parte del mundo.

Conocedora y partícipe de aquellos análisis, la gente se pregunta: “¿qué es lo que provocó que en menos de cuatro años algunos de esos datos decisivos sean tan diferentes?”. La respuesta no es simple ni surge de un consenso; sin embargo, aparece un denominador común: el desarrollo fue tan rápido y el contexto tan favorable que, en general, los españoles revirtieron los valores de austeridad, trabajo y esfuerzo por vivir sobre las propias posibilidades, confiados y seducidos por el crédito accesible y barato en el largo plazo.

La estructura productiva se sustentó en nuevas infraestructuras con fuertes inversiones públicas, construcción de viviendas en un mercado especulativo y en los servicios. La administración del estado de bienestar español se fue haciendo cada vez más compleja y amplia, al punto de generar en el imaginario social la aspiración de acceder a algún puesto oficial como garantía de futuro. La crisis internacional y los cambios en el contexto europeo, la falta de visión en el largo plazo, el exceso en el gasto público, consumo sobre la base de endeudamiento, cierto optimismo patológico del presidente Rodríguez Zapatero y ausencia de liderazgo en la oposición fueron los detonantes de un proceso regresivo.

La solidez de un país como España no está en riesgo ni vivirá en lo inmediato una crisis social aunque vea recortado el nivel de vida y muchos dependan de subsidios sociales y de la solidaridad colectiva. Sin embargo, las reformas y la modernización logradas no alcanzan para generar un nuevo motor de crecimiento. Será necesaria una segunda transformación de sus estructuras administrativas, laborales y educativas para responder a los retos de futuro de la zona euro. En este sentido, el Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea (GR) presidido por Felipe González, presentó al Consejo Europeo el informe Proyecto Europa 2030, en el que plantea el dilema de “reformarse o decaer”. Es decir, adaptar sus objetivos y políticas para producir una rápida transformación ante el cambio de escenario, al cual denominan “la era de la inseguridad” (por el riesgo real de que las nuevas generaciones no puedan sostener el nivel de vida de sus padres, la amenaza del terrorismo, del crimen organizado o de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cambio climático y la dependencia energética). “Surge un mundo nuevo, multipolar, en el que el poder es más difuso y la dinámica internacional más compleja”, describe el informe. Y vaticina que “otras regiones toman la delantera gracias a mayores niveles de inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Se prevé que en 2030 Asia esté en la vanguardia de las novedades científicas y tecnológicas, produciendo bienes de alto valor capaces de transformar la producción y la calidad de vida en general”.

El GR propone profundizar un modelo de gobernanza económica, reformas laborales y educativas, elevar el gasto en I+D (innovación y desarrollo) y tomarse en serio el paradigma de buenos gobiernos sobre bases de transparencia, eficacia, aplicación de las decisiones de la UE y  comunicación de las políticas. Todo en un esquema de gobernanza multinivel y de ciudadanía política en el conjunto europeo.

El mensaje vale para España y el resto de los países de la Unión, y podría ser un instrumento para otros como la Argentina, de los cuales se espera un cierto liderazgo en el emergente concierto mundial.

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