Por un modelo de producción rural inclusivo

En diciembre 2011 la Asamblea de las Naciones Unidas
proclamó el 2014 “Año de la Agricultura Familiar” e invitó a FAO para que, en colaboración con  gobiernos nacionales, organismos internacionales y de productores, facilitara su realización. Sobre la base de los resultados alcanzados, en 2015 el mismo organismo aprobó la celebración del Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028, inaugurado en mayo de este año, que pone el foco en los agricultores familiares para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) comprometidos por los países,
también conocidos como Agenda 2030.

De acuerdo a estimaciones de FAO, el 90% de unidades de
agricultura que hay en el mundo (unos 600 millones), más del 90% se basa en la
gestión y el trabajo familiar, aportando el 80% de los alimentos en términos
cualitativos y por lo menos la mitad de la pesca en mares y ríos. Sin embargo,
el 70% de esas familias dispone de menos de una hectárea de tierra y un alto
porcentaje está bajo la línea de pobreza o extrema pobreza, situación que
afecta especialmente a las mujeres que realizan estos emprendimientos. Estas
cifras explican la íntima conexión entre los Objetivos del Desarrollo
Sustentable (fin de la pobreza, hambre cero, reducción de las desigualdades,
acción por el clima, vida de los ecosistemas terrestres y marítimos, entre
otros) y desarrollo de la agricultura familiar.

Con el término agricultura
familiar
se hace referencia a una modalidad de producción rural en la que
realidad doméstica, laboral, social y ambiental están unidas por fuertes lazos
y se potencian/condicionan mutuamente, ya que es la familia quien lleva adelante
las actividades principalmente con su propio esfuerzo y los medios que dispone
(aunque muchas veces las tierras no son propias), reside en el lugar o en las
vecindades y mantiene una permanente interacción con el ecosistema con el que
convive. Son justamente los aspectos que el papa Francisco destacaba en su
carta al Presidente de FAO al inicio del Decenio: “La familia (…) representa
ese humus fructífero y modelo de comportamiento para una agricultura
sostenible, que tiene consecuencias beneficiosas, no sólo para el sector
agrícola, sino también para toda la humanidad y la salvaguardia del medio
ambiente. En este sentido, la familia ayuda a entender el vínculo que existe
entre humanidad, creación y agricultura”.

La producción a cargo de familias fue seguramente la primera
y hasta ahora más duradera modalidad de agricultura, ya que las bases las
sentaron hace unos 9000 años nuestros antepasados sapiens, cuando decidieron
experimentar la reproducción domesticada de algunas especies vegetales y
animales. Pero sin recurrir a geografías lejanas, la encontramos en las raíces
de nuestro actual territorio. A los Pueblos Originarios que ancestralmente
junto con la recolección realizaban prácticas agrícolas comunitarias, con el
paso del tiempo se fueron sumando familias criollas, migrantes de países
vecinos y de otros continentes, construyendo modos de vida y sistemas
productivos que, en las condiciones impuestas por los distintos ambientes,
disponibilidad de recursos y tradiciones, conformaron un amplio conjunto económico,
social y cultural que, sin ser totalmente homogéneo, comparte características
que lo identifican. Un conjunto que no permaneció estático, sino que fue
cambiando al ritmo de los ciclos históricos, integrando nuevos actores y
perdiendo otros.

Recibieron diferentes denominaciones según las zonas y los
modelos agrarios vigentes: colonos y chacareros, propietarios o arrendatarios
en las colonizaciones agrícolas; minifundistas cuando se los comparaba con otro
tipo de explotaciones; economías rurales marginales, pobres o de subsistencia
en algunos análisis socioeconómicos. En muchos casos fueron funcionales como
mano de obra temporaria en producciones regionales (cosecheros, zafreros,
tabacaleros, viñadores, hacheros). El término “campesino” comenzó a utilizarse
no hace más de cuatro o cinco décadas y los ubicados en los estratos más bajos
durante años no fueron considerados actores económicos. Fue para afirmar su
aporte como sujetos productivos y su capacidad de desarrollarse en condiciones
favorables que algunas organizaciones nacidas a partir de 1980 se
autodenominaron de pequeños productores
(por ejemplo en Chaco, Corrientes y Formosa). La expresión “agricultura
familiar” se fue incorporando recién a medidos de los ‘90, en parte por la
influencia de la conceptualización utilizada en Brasil y difundida por
organismos del MERCOSUR; en parte como decisión de los propios actores,
procurando una denominación que abarcara al conjunto. Ya en el nuevo siglo el
concepto se generalizó: en 2004 el Ministerio de Relaciones Exteriores designó
una Comisión para participar en la Reunión Especializada de Agricultura
Familiar del MERCOSUR, continuada luego por el Foro Nacional de Agricultura
Familiar. En 2007 se organizó el Registro Nacional de Agricultura Familiar
(RENAF) y en 2008 se incorporó a la estructura gubernamental la Subsecretaría
de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, que adquirió rango de Secretaría en
2014.

Los criterios de identificación se fueron enriqueciendo con
distintos aportes. A los primeros, predominantemente cuantitativos (extensión
de tierra trabajada, porcentaje de mano de obra propia o extra predial ocupada)
y económicos (titularidad de la gestión, origen principal del ingreso
familiar), se sumaron factores culturales y sociales para incluir a productores
rurales sin tierras, pescadores, forestales, artesanos, recolectores
tradicionales, prestadores de servicios de turismo rural y comunidades de
Pueblos Originarios que realizan actividades rurales. Las transformaciones en
las estructuras agrarias acentuaron la diferenciación entre empresas
agroindustriales de gran escala y productores medianos, haciendo que muchos de
éstos últimos se sintieran más contenidos y representados en el universo de la
agricultura familiar que en otros estratos. La ley 27118 de Reparación
Histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva
ruralidad en la Argentina (diciembre de 2014)fijó los parámetros actualmente vigentes: gestión directa del
productor y/o algún miembro de su familia; propiedad de la totalidad o parte de
los medios empleados para producir; ocupar principalmente mano de obra
familiar; residir en el lugar que se trabaja o la localidad más próxima; tener
como ingreso principal de la familia la actividad agropecuaria del
establecimiento.

No hay información actualizada sobre la cantidad de unidades
de producción familiar existentes ya que el último dato confiable es del 2002 y
el Censo Agropecuario 2018 aún se está procesando. Diversas fuentes estiman que
son unas 250 mil (66% del total de unidades productivas), con dos millones de
personas, la mayoría asentadas en las regiones NEA, NOA y Mesopotamia. En los
últimos 30 años el número fue disminuyendo mientras aumentaba el promedio de
edad de sus integrantes por migración de jóvenes. También se redujo la
superficie ocupada, que actualmente equivale al 13% de las tierras cultivables
y la extensión de las parcelas, con alto porcentaje de poseedores sin título o
arrendatarios generalmente por cortos plazos, como sucede con productores
hortícolas. Hay alta presencia de mujeres trabajando en los emprendimientos y
alrededor del 50% de las familias tienen necesidades básicas insatisfechas. Un
panorama que no está lejos del descripto por FAO a nivel mundial.

Entre nosotros es bastante común identificar campo con producción exportable;
actitud temeraria y riesgosa al olvidar que la seguridad alimentaria
(disponibilidad de alimentos saludables suficientes allí donde se necesitan) se
asienta en gran medida en el campo menos visible y frecuentemente desvalorizado
de la agricultura familiar. Según una publicación de la Secretaría de
Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación de 2016, ésta genera
alrededor del 50% del empleo rural; aporta el 83% del ganado caprino, el 60% de
carne porcina, 61% de los pollos parrilleros, 70% de la yerba mate, 57% del
algodón, 59% de las hortalizas y cítricos, 39% de la miel y 60% de las flores
de corte. Facilita circuitos cortos de comercialización (con baja o nula
intermediación, cercanía entre centros de producción y consumo, confiabilidad
en el producto) con beneficios sociales, económicos y ambientales: la
Asociación de Ferias Francas registra cerca de 50 mil puestos de venta directa.
Al proclamar el Decenio, la ONU destacó el papel de la agricultura familiar en
la preservación de la biodiversidad y el ambiente para un desarrollo
sostenible. A contramano de ello, en nuestra Eco Región Chaqueña, que alberga
una de las reservas de biodiversidad más importantes del mundo, la agricultura
familiar es desplazada por el avance de la agricultura extensiva y la ganadería
sobre áreas boscosas: según información del Banco Mundial entre 2001 y 2014 en
la Argentina se perdieron más del 12% de los bosques, por encima de Brasil
(7,4%) y del promedio mundial (6,3%). En la provincia de Santiago del Estero se
dieron los mayores niveles de desmonte del mundo. Ojalá el Sínodo de la
Amazonia nos inspire un Sínodo Chaqueño, que coloque en agenda otro gran pulmón
ecológico, social y cultural del mundo en permanente degradación y peligro de
extinción.

Si bien disposiciones adoptadas en el país en distintas
épocas tuvieron fuerte incidencia en la producción rural familiar (leyes de
arrendamiento, colonización, trabajo rural), recién encontramos políticas diferenciadas para el sector a
partir del 2004. Más allá de las opiniones sobre las motivaciones de quienes
las promovieron y aplicaron, debe admitirse que entre 2004 y 2015 se dedicaron mayores
recursos, ganó espacios en la acción gubernamental y los productores familiares
tuvieron participación en la formulación y aplicación de medidas como no había
sucedido hasta entonces. La ley 27118 declaró “de interés público la
agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y
soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y
de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de
transformación productiva”. Las organizaciones de productores crecieron, se
fortalecieron y acumularon experiencias; INTA y SENASA abrieron programas
específicos; se multiplicaron trabajos académicos y varias universidades
organizaron un Foro permanente de intercambio en la materia. Por cierto, no todas
fueron luces: la ley no se reglamentó ni se dotó de presupuesto, hubo pocas
soluciones a problemáticas relacionadas con la tierra y asistencia jurídica a
familias amenazadas con desalojos en varios casos el apoyo a las organizaciones
estuvo condicionado a intereses políticos, no se consolidaron de manera
suficiente los espacios de participación y se dieron escasos avances en acceso
a mercados, educación rural y equidad de género.

Pero a partir del 2016 cambió la dirección del viento:
modificaciones e inestabilidad en organismos con competencia en el área,
ajustes presupuestarios y despidos de personal que afectaron los servicios en
terreno, discontinuidad de espacios de participación (como el Consejo de la
Agricultura Familiar), derogación de mecanismos de inclusión como el
Monotributo Social Agropecuario, menores apoyos para los grupos más vulnerables
y la demora y aún pendiente reglamentación de la ley 27118. Ello generó fuertes
críticas de las organizaciones de productores que a la par fueron consolidando
un proceso de articulación que derivó en la organización del primer Foro por un
Programa Agrario Soberano y Popular realizado en Buenos Aires los días 6 y 7 de
mayo de este año. Participaron más de 3500 personas, representando a distintas
zonas para “debatir, desde una conciencia crítica y con espíritu de unidad, el
problema actual agropecuario en la Argentina, sus perspectivas y objetivos a
corto, mediano y largo plazo”. Las conclusiones de las 23 comisiones fueron
recogidas en un documento que se considera en “constante construcción”, es
decir, abierto a nuevas reflexiones y que está siendo presentado a dirigentes
políticos, empresariales, sindicales, entidades académicas y de la sociedad
civil.

El Foro no es la primera ni única voz que denuncia las consecuencias del modelo agropecuario extractivista que se viene imponiendo en el país en los últimos 25 años. Su particularidad es que un número tan significativo de actores sobre los que directamente impactan los efectos del sistema (concentración, deterioro de recursos y contaminación, expulsión de los territorios) estén coordinando voluntades y elaborando propuestas inclusivas pensando en el bien común y la soberanía alimentaria. Un camino que, como el mismo Foro lo propone, requiere continuidad, diálogo, participación, papel activo del Estado y, agrego, una honesta lectura del “mensaje que la naturaleza lleva inscripto en sus mismas estructuras” (Laudato Si, n. 117).

Aunque es prematuro evaluar las implicancias para el país y en particular para la producción rural, los recientes acuerdos MERCOSUR-Unión Europea probablemente abran nuevas posibilidades y desafíos a la agricultura familiar en un mundo cada vez más interdependiente pero que frecuentemente olvida que somos habitantes de una Casa Común que no soporta más agresiones.

El autor es miembro de la Comisión Nacional Justicia y Paz

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