La Iglesia de la dictadura en el Estado de derecho

A partir del hallazgo de los diarios de un vicario castrense, los autores señalan el aval de numerosos sacerdotes en la represión durante el gobierno de Isabel Perón y los años de la dictadura militar.

Durante este último tiempo, noticias vinculadas a la actuación de la Iglesia católica en los años del terrorismo de Estado han vuelto a poner sobre la mesa el problema. En una entrevista realizada al arzobispo rosarino Eduardo Martín, éste reivindicó la teoría de los “dos demonios”, en el marco de la imputación de un sacerdote –ex capellán policial– de su arquidiócesis[1]. Desde los estrados judiciales, testigos de la mega causa “La Perla y Campo La Ribera” (Córdoba) testimoniaron nuevamente sobre la complicidad del extinto cardenal Raúl Primatesta y sobre el circuito represivo local que incluía la cárcel de mujeres del Buen Pastor, a cargo de la congregación de las monjas homónimas[2]. Al mismo tiempo, en el mes de agosto, la Universidad Católica junto al obispo Jorge Casaretto y familiares de víctimas de la represión estatal y de la violencia revolucionaria realizaron un encuentro denominado “De la lógica del enfrentamiento a la cultura del diálogo”, en el que el prelado lanzó críticas a los procesos judiciales que tienen como acusados a militares y civiles partícipes del terrorismo de Estado[3].

El último episodio, particularmente, recibió un variopinto cúmulo de críticas, a tal punto que obligó al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; al Ministro de Justicia, Julio Alak; y a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, entre otros, a reunirse y emitir un comunicado ratificando que los procesos judiciales vinculados a delitos de lesa humanidad forman parte del Estado de derecho y no de un gobierno de turno. Paralelamente, un grupo de organismos defensores de los derechos humanos (Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CELS y Familiares de Desaparecidos) envió una carta al presidente del episcopado argentino, José María Arancedo, solicitándole una aclaración oficial y pública respecto de los dichos de Casaretto. El arzobispo respondió de manera privada, desautorizando esas expresiones[4].

La invariable actitud de la Iglesia en estos 32 años de democracia ha sido poner en cuestión los procesos de memoria, verdad y justicia, al mismo tiempo que reeditar el caduco paradigma de la reconciliación, como argumento para cerrar las investigaciones judiciales. A diferencia de lo que habitualmente ha realizado y realiza con su recurrente injerencia en la formulación de leyes o políticas públicas, no ha tenido la misma disposición para colaborar con los juicios por crímenes de lesa humanidad. Esto se comprende por el temor que existe a que se avance en el terreno de la colaboración que muchos civiles prestaron al régimen militar. Que este rumbo continúe implicaría que varios clérigos deban presentarse ante los tribunales como testigos o procesados.

Los capellanes invisibles
Si hay una institución eclesiástica que ha salido ilesa de todo este proceso es el Vicariato Castrense, hoy con categoría de obispado. Creado en 1957 a partir de un acuerdo entre la dictadura del general Aramburu y el Vaticano, nacía para brindar “atención espiritual” a los militares argentinos. La creación de esta particular estructura religiosa se enmarcó en la alianza estratégica que la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas mantenían desde la década del ‘30, para enfrentar los “males” que afectaban la “esencia católica” de la nación: el liberalismo y el comunismo. En este marco –y a lo largo de veinte años– los capellanes que conformaban el vicariato castrense fueron erigiéndose en los pedagogos de quienes estaban llamados a resguardar los valores nacionales y cristianos: los militares.

El curso legal al “combate” contra la guerrilla rural en Tucumán –que el gobierno peronista y las instituciones castrenses pusieron en marcha a partir de febrero de 1975– fue el episodio providencial que permitió a los capellanes poner a disposición de los militares dos poderosas armas para la contienda. Por un lado, el convencimiento de que la lucha contra la subversión era justa. Por otro, la inauguración de la asistencia espiritual in situ. La novedad del acompañamiento eclesiástico en esta coyuntura radicó en la presencia de los sacerdotes dentro de los lugares de combate y detención, con el doble objetivo de sacralizar las acciones represivas (que incluía borrar las objeciones de conciencia) y persuadir a los detenidos para que dieran información a los torturadores[5]. Las cifras no dejan margen de duda: desde el inicio del “Operativo Independencia” hasta el retorno democrático ocho años después, 400 capellanes fueron desplegados en las diferentes zonas militares, formando y acompañando a comandantes, jefes, soldados y conscriptos. Al menos cien de ellos integraron la red clandestina de centros de detención.

El Vicariato en un diario
Desde hace algunos años se ha dado parcial difusión a los diarios personales del obispo salesiano Victorio Bonamín, correspondientes a los años 1975 y 1976. Nacido en Rosario en 1909, fue ordenado sacerdote en Turín a los veintisiete años. En marzo de 1960 el papa Juan XXIII lo nombró obispo de Bita y enseguida fue designado provicario castrense, cargo que ocupó hasta 1982. Por más de veinte años fue uno de los “jefes” de los más de 400 capellanes militares que integraron el Vicariato en la década de los ‘70.

A lo largo de sus 750 páginas, el obispo volcó día tras día las tareas que tenía que hacer, aquello que ya había realizado y anotaciones sobre lo que decía o pensaba. Registró reuniones y conversaciones con oficiales, soldados de las Fuerzas Armadas y agentes de la SIDE. Obispos a los que considera conflictivos como Jaime De Nevares, Enrique Angelelli o Carlos Ponce de León; sacerdotes ligados a la inteligencia militar; o capellanes de distintas zonas aparecen en sus anotaciones. La preparación del golpe de Estado y juicios peyorativos hacia algunos militares, obispos o dirigentes políticos forman parte de la cotidianeidad de estos escritos. Las tensiones producidas por la renuncia del cardenal Antonio Caggiano al mando del Vicariato y la sucesión en el cargo de Adolfo Tortolo (arzobispo de Paraná y presidente de la CEA), entre otras cosas, presentan a los diarios como una fuente de considerable valor para conocer mejor la dinámica política en el interior de las instituciones eclesiásticas y militares, con especial énfasis en la organización del clero castrense. No se trata ya de artículos periodísticos de la época o relatos de sobrevivientes de la dictadura, sino que es la palabra –en primera persona y sin mediaciones– de uno de los obispos más vinculados con el terrorismo de Estado.

También ofrecen información que no figura en otras fuentes o archivos, como las numerosas conferencias que dictó a los diferentes escalafones castrenses. Éstas funcionaron como instancias de formación ideológica y de legitimación religiosa de las acciones contra las organizaciones revolucionarias. Los nombres con los que Bonamín las tituló lo ponen de manifiesto: “El momento actual de las Fuerzas Armadas”; “Religión y combate”; “Matar en combate”; “Visión teológica del militar”; “La Iglesia y la subversión”; “Administradores de la fuerza”; “Dar criterios sobrenaturales al accionar de los militares”, entre otras.

Como era esperable, contienen información sensible vinculada a la metodología del Estado terrorista: secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos, centros clandestinos y torturas. Bonamín registró los nombres de 20 víctimas y conversaciones referidas a la aplicación de torturas a los detenidos y a lo que esto generaba en los militares. Luego de una charla con un teniente primero del Colegio Militar de la Nación, escribió en su diario: “Visita trascendente. Problema de conciencia propio de esta ‘guerra sucia’” (24/02/1976). Pero no se trata sólo del conocimiento que tuvo sobre esto, sino del acompañamiento activo que ofreció: se ocupó de justificar la tortura desde un punto de vista teológico. Con ese sentido, describió un diálogo mantenido con el entonces vicario Tortolo: “problemas de Tucumán, respecto a torturas y prisioneros (otro argumento: si, según Sto. Tomás, es lícita la pena de muerte…, la tortura es menos que la muerte…). Nuestros Capellanes necesitan aunar criterios” (09/01/1976). Las torturas aplicadas contra guerrilleros y obreros azucareros en “La Escuelita” de la capital tucumana aparecían como un mal menor partiendo del argumento de Tomás de Aquino: “cuando la muerte de los malos no entraña un peligro para los buenos, sino más bien seguridad y protección, se puede lícitamente quitar la vida a aquéllos”[6]. En 1980 –cuando ya habían descendido los niveles más feroces de la represión clandestina– Bonamín sintetizaba el trabajo del vicariato en los años previos de esta manera: “En 1975, cuando se inicia la guerra contra la subversión, el Vicariato, a través de sus capellanes, acompañará a los soldados al frente. Tratará de suavizar aquellas cosas que una guerra provoca siempre respecto a detenidos, torturas, etcétera, de que la lucha contra el terrorismo se hiciera sin odio; de infundir criterios y apoyo moral”[7].

Un aporte a los juicios
La información que estos diarios contienen se convirtió en un aporte novedoso para conocer en profundidad los resortes religiosos del terrorismo de Estado. El material –que será próximamente publicado– se ha convertido en una valiosa prueba para la Justicia, siendo utilizado en varios procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.

Citamos por caso algunos de ellos: la mega causa “Saint Amant II”, en la que se investiga el presunto homicidio del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, y la privación ilegítima de la libertad de alumnos del Colegio Don Bosco, ocurridos en 1977. Querellas y fiscales que trabajan en la “Causa Feced III” (Rosario) solicitaron el material para profundizar las investigaciones sobre la responsabilidad penal del ex capellán policial Eugenio Zitelli (actualmente procesado) y sobre el asesinato de Luis Anselmo Bonamín –militante de la Juventud Peronista y sobrino nieto del obispo– a manos de la Policía santafecina en 1976. Finalmente, a partir de un informe de la Comisión Provincial por la Memoria nutrido con extractos de los diarios, el ex secretario del vicariato castrense Emilio Grasselli podría ser imputado en una causa que tramita el Juzgado Federal Nº 10 de Comodoro Py.

En julio de 2014 por primera vez fueron valorados en una sentencia, al finalizar en La Rioja el juicio por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, ocurrido el 4 de agosto de 1976. El tribunal a cargo del juicio condenó al ex general Luciano Benjamín Menéndez y al ex comodoro Luis Fernando Estrella a prisión perpetua por considerarlos autores mediatos del delito, incorporando como prueba judicial extractos de los diarios en más de veinte páginas. Los jueces consideraron en los fundamentos del fallo que “los militares no podrían haber matado a un Obispo sin complicidad civil y clerical” (pp. 459-460), complicidad en la que se destacan poderosas familias terratenientes, la campaña difamatoria del diario El Sol, el silencio del episcopado y la exaltación de la violencia militar contra Angelelli por parte del vicariato castrense. Además resaltaron dos aspectos principales que los diarios reflejan respecto del contexto del asesinato: el manejo de información sensible por parte de Bonamín (pp. 459 y 547-548) y los problemas de competencia jurisdiccional que se generaban en territorio militar entre los obispos renovadores y los del vicariato (pp. 389-394), haciendo del “conflicto territorial” un vehículo apropiado para saldar el “conflicto ideológico”[8] .

Por fuera de estos casos por ahora aislados, el Poder Judicial prolonga una deuda con la verdad y la memoria: hasta hoy los sacerdotes católicos representan menos del uno por ciento de las personas imputadas y condenadas por delitos de lesa humanidad. Un capellán condenado, otro absuelto, otro prófugo y dos imputados. El resto falleció impune o no está lejos de hacerlo. Mientras tanto, las investigaciones, testimonios y fuentes permiten confirmar que la dictadura cívico-militar tuvo un componente católico imposible de soslayar.

[1]“La reconciliación”, Rosario/12, 15/07/2015.

[2] “La participación de la Iglesia” y “Las piezas de un atroz rompecabezas”, Página/12, 27 y 31/08/2015.

[3] “En la UCA, un pedido por la memoria y la reconciliación”, La Nación, 06/08/2015. De ese diario, ver también el editorial “Memoria y reconciliación”, 16/08/2015.

[4]“Verdad con Justicia”, Página/12, 06/09/2015.

[5]Para profundizar sobre la temática puede ser útil: “Los capellanes castrenses que participaron del Operativo Independencia”, Infojus Noticias, versión on-line, 14/02/2015.

[6]Suma de teología, Madrid, BAC, 1990, pág. 539.

[7]Entrevista publicada en la Revista Reconquista (Madrid, España), Nº 367, octubre de 1980 y reproducida en el Boletín del Vicariato Castrense Nº 65, abril de 1981, pp. 15-20.

[8]Ver “Conflicto ideológico y territorial”, Página/12, 05/11/2013.

Los autores son investigadores sociales. Autores del libro sobre los diarios del obispo Victorio Bonamín, de próxima aparición.