La Justicia, como virtud y esencia del derecho, es “dar a cada uno lo suyo”; y para afianzarla, como exige la Constitución, se necesita que la conducta de todos sea recta, y se rija por lo que establecen las leyes, que son las que nos indican qué es “lo suyo” , o qué es lo justo. Para que ocurra, es imprescindible educar.
Pero, además, uno de los tres poderes de nuestro gobierno está conformado por los tribunales de Justicia, que tienen por función hacer aplicar la Constitución y las leyes, para que haya justicia.
Respecto de la virtud, la estadística lamentablemente nos demuestra que convivimos con un alto porcentaje de anomia. Cuando se pregunta en una encuesta por el “nivel de respuesta del Poder Judicial”, el 73% responde que es regular o malo.
El deficitario funcionamiento del Poder Judicial de la Nación queda demostrado si se tiene en cuenta que de los 993 cargos de jueces que lo integran –de los cuales 544 corresponden a la Justicia Nacional– hay nada menos que 259 vacantes –147 en la Justicia Nacional–. En diez casos ni siquiera se ha convocado a concurso; en otros 233 está en trámite; en el despacho del Presidente de la República hay 19 ternas para que designe al magistrado y le pida al Senado que les preste acuerdo; y siete jueces designados esperan que esa Cámara les preste acuerdo.
Además de jueces federales, el Poder Judicial de la Nación está compuesto por los mal llamados tribunales nacionales, que tienen 55% de los cargos de jueces, son los equivalentes a los provinciales, y atienden los juicios de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Todavía no fueron transferidos a dicha ciudad como lo exige desde 1994 la Constitución (Art. 129), y los sostenemos todos los argentinos.
Al mismo tiempo que se encuentran vacantes el 26% de los juzgados que tiene el Poder Judicial, la distribución de los tribunales no es equitativa: en la Ciudad de Buenos Aires hay 12 jueces federales para 2.890.151 de habitantes; y sólo siete jueces federales en la provincia de Córdoba, que tiene 3.308.876 habitantes y un territorio de 165.321 km² contra 203,3 km². Por su parte, Santa Fe cuenta con nueve juzgados federales, con 3.194.537 habitantes. Las ciudades de Rosario y Mendoza tienen cuatro juzgados federales cada una y en la de Córdoba hay sólo tres, a pesar que el Gran Córdoba tiene 1.330.023 habitantes, el gran Rosario 1.198.528 y el gran Mendoza 1.086.066 (Censo de 2010).
Si la reforma de la Justicia debe comenzar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy tiene cinco jueces (en otras época tuvo siete y nueve), debe avanzarse en su mayor problema: la cantidad desmesurada de causas que resuelve. En 1998 falló en 46.435 expedientes –la mayor cifra de su historia–; al año siguiente en 16.120 casos; 20.276 en 2004 y 9889 en 2012, año en que su presidente Ricardo Lorenzetti y su vice, Elena Highton, redactaron con Aída Kemelmajer de Carlucci el anteproyecto del Código Civil Comercial. La Suprema Corte de los Estados Unidos, que tiene nueve jueces (igual que el Tribunal Superior de Jujuy), resuelve por año sólo un centenar de causas. Estos números son más que suficientes para demostrar que estamos lejos de tener la Justicia que nuestro país necesita.
El autor es Profesor emérito de la UNC y UCC y ex diputado de la Nación.
