Los legisladores que sabremos elegir

El gobierno republicano es la autoridad investida democráticamente por la Constitución para dirigir el país. Dicho gobierno decide lo que se ajusta al “bienestar general” a través de los tres poderes que lo componen, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Leyes, decretos y sentencias hacen posibles que el Estado reconozca y garantice nuestros derechos y nos indique qué obligaciones tenemos los ciudadanos, las sociedades intermedias y los organismos del Estado. De este modo los derechos humanos podrán ser ejercidos, incluso en momentos especiales como el que vivimos ahora con la pandemia.

La autoridad, entonces, no es el Presidente, los gobernadores, o los intendentes, que sólo ejercen los poderes o departamentos ejecutivos, sino los tres poderes del Estado, cada uno en el ejercicio de sus competencias.

Sin embargo, en situaciones excepcionales como las que hoy vivimos, hay ejecutivos que se arrogan poderes que no les son propios, como ocurre con el Poder Ejecutivo Nacional, que en el último año y medio dictó más Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que las leyes que sancionó el Congreso, invocando la emergencia, supliendo muchas veces inconstitucionalmente las atribuciones del primero y más importante de los poderes, que es el Congreso, que en la próximas elecciones será renovado por el voto del pueblo.

En este siglo se produjeron cambios vertiginosos en el mundo, no sólo por el crecimiento económico y la globalización, la concentración de los poderes políticos, sociales, económicos, de la información y del conocimiento. Pero han crecido la desigualdad, la informalidad y la pobreza. Se ha dificultado la movilidad social y las clases medias reclaman viviendas y mejores servicios de salud y de educación. Gobernados y gobernantes se han divorciado; pocos conocemos a nuestros representantes. La corrupción, la inflación, el desempleo y la marginalidad han agrandado la brecha.

Las llamadas clases políticas y los poderosos se han desprestigiado y han perdido autoridad. Los partidos políticos se han debilitado o desaparecido, los parlamentos legislan poco, no controlan a los Ejecutivos, los bloques se multiplican al compás del transfuguismo y muchas veces delegan atribuciones. El prestigio y la ejemplaridad se han debilitado y los órganos legislativos no canalizan los reclamos, protestas, movilizaciones que suceden a diario en la Argentina, Cuba, Chile, Colombia, Perú, Sudáfrica, Hong Kong, etc. Los escraches, piquetes y tomas de tierras muestran que estamos lejos del bien común y de la justicia, lo cual debilita la democracia y crece el autoritarismo. La aparición de outsiders de la política –Donald Trump (EEUU), Jair Bolsonaro (Brasil), Nayib Bukele (El Salvador) y Pedro Castillo (Perú) –; o nuevos dictadores –Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y Miguel Díaz-Canel (Cuba) – es otra consecuencia.

Las próximas elecciones de medio término, donde elegiremos senadores y diputados nacionales, se muestran como una lucha desenfrenada por retener o lograr cargos legislativos, pero también como una suerte de primaria para posicionarse para alcanzar candidaturas ejecutivas para los comicios de 2023. El número de legisladores por distrito es el mismo de hace 40 años: Córdoba tiene 18 diputados y CABA y Santa Fe, con menos habitantes, tienen 25 y 19 respectivamente, lo que contradice a la Constitución. No hay voto de preferencia ni pueden tacharse de la lista los candidatos que no nos gusten, de manera de cambiar el orden, dado que las listas son confeccionadas por los que mandan; es frecuente que sean encabezadas por las esposa/os, hija/os, punteros, etc., y que estén adornadas por personajes mediáticos, que poco saben de política. Los expertos, los estudiosos, los humildes, los que se juegan por los demás o que lucen trayectorias y conductas ejemplares, son la excepción. Desaparecieron las plataformas electorales, sobran las críticas a los rivales y no se proponen transformaciones.

La elección es otra oportunidad para renovar la política y a los políticos, terminar con los privilegios, alimentar la esperanza en el país y convencer a los desilusionados que quiere irse.

Jorge Horacio Gentile es Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario. Fue diputado de la Nación

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