La inflación, el problema central de la economía

Los problemas macroeconómicos son un clásico de la economía argentina, desde hace tiempo. El acuerdo con el FMI, el dólar, la pobreza y los planes sociales son algunas de las cuestiones centrales en el debate socio-económico de la Argentina en la actualidad, y podría extenderse a los últimos veinte años, si bien los recurrentes problemas macroeconómicos datan de décadas. 

La inflación, en el centro de la cuestión

El Presupuesto Nacional 2022 ha estimado un crecimiento del PIB del 4% anual, un déficit fiscal primario de 3,3% y un objetivo de variación del IPC de 33 % anual. Con los resultados a los que apunta el cierre de la inflación en 2021, desde aquel 29% del Presupuesto 2021 hasta un valor que sería del orden de 50% anual, los pronósticos para 2022 suenan optimistas.

La economía argentina se debate entre la salida de la recesión, quizás se puede decir post-pico del COVID-19, y una recuperación que no termina de tomar forma. La tendencia no es alentadora porque, desde 2012, la economía se enfrenta a un proceso de estanflación. Al respecto, el problema de la alta inflación parece minimizado en la discusión económica, siendo un tema central en la política económica, y con impactos sociales muy relevantes, pues afecta el ingreso y el salario real, y suele derivar en una caída del poder de compra, además de ser decisivo en la pobreza.

Pero no está de moda hablar de “combatir la inflación”. Hace 30 años, el Plan Austral y el Plan de Convertibilidad surgieron en contextos académicos, políticos y sociales donde se reconocía la gravedad del problema. Hoy no es así. No hay debate.

Es que es muy difícil acabar con la alta inflación cuando adquiere, además, un carácter inercial. Después de que la Convertibilidad anulara la inflación, y sus variaciones fueran relativamente bajas en los ´2000 por herencia de la inercia anti-indexatoria del régimen anterior, el problema reapareció a fines de esa década con una serie de medidas que implicaron indexación salarial, expansión elevada del gasto público, su mayor financiamiento con emisión monetaria, sin acceso a los mercados voluntarios de deuda pública por el default y los holdouts.

En el primer quinquenio de los ‘2010, la inflación promedió el 27% anual. Entre 2018 y 2020, con motivo de la devaluación y el cierre de los mercados de deuda, que motivó la asistencia del FMI como prestamista de última instancia, la variación de precios minoristas promedió 45,8% anual –considerando 36,1% anual en 2020, valor del año de la pandemia–.

Como ya se señaló, la perspectiva es desafiante. Las medidas actuales para “mantener” la inflación son el atraso cambiario, tarifas de energía y transporte atrasadas, precios máximos a muchos alimentos y otros bienes, sostenimiento de los Derechos de Exportación elevados, cupos de exportación y registro de exportación de carnes, y más controles, con un cepo cambiario ineficaz, dada la brecha de 80% entre el tipo de cambio oficial y el blue. Estas medidas ya fueron aplicadas entre 2008 y 2015 y generaron subas de precios elevadas, atraso y brecha cambiaria, tarifas atrasadas, estancamiento productivo y un BCRA sin reservas.

Como datos a comparar, la inflación en Uruguay es del orden de 9% anual; en Brasil, de 4,5%; y en Chile, de 3%. Evidentemente en la Argentina algo no funciona al respecto.

Las dos bibliotecas

Uno de los debates acerca de las causas de la inflación en la Argentina pasa por las dos grandes aproximaciones al tema. Por un lado, el enfoque monetario- neoliberal; por otro, el enfoque cambiario- estructuralista.

En cuanto a la visión monetaria, el Tesoro (Sector Público Nacional) tiene déficit fiscal recurrente por ejecutar más gasto público que los ingresos tributarios que recauda. Una parte del déficit se financia con deuda pública, y otra parte con emisión monetaria. Así, hay “dominancia fiscal de la política monetaria”, porque el Banco Central debe emitir dinero frecuentemente para financiar al Tesoro. La emisión creciente genera exceso de oferta de pesos, y, como en todo mercado, el exceso de oferta produce una “caída del precio”, por lo tanto, el peso vale menos frente a la moneda de referencia, el dólar. Es decir, se devalúa el peso y sube el tipo de cambio. En general comienza el proceso tasa-dólar, es decir, el Banco Central sube la tasa de interés para que los agentes no vayan al dólar. La suba de tasas es recesiva, con inflación creciente, porque el proceso no se detiene, ya que no se reduce el déficit. También se instrumentan cepos cambiarios para reducir la volatilidad cambiaria, lo que agrava el problema.

La solución “neoclásica” para bajar la inflación es reducir el déficit, bajando el gasto público, para que el Banco Central deje de emitir como financiador del Tesoro. Luego baja la tasa de interés y la economía se reactiva, en algún plazo. Aumenta la demanda de dinero, baja la tasa de interés, y la tenencia de dólares sin renta deja de ser negocio.

Esta solución puede ser adecuada, pero habitualmente genera al comienzo algo de recesión, y su implementación entonces depende del contexto socio-político-económico.

Para el enfoque cambiario- estructuralista, en cambio, la inflación se genera por problemas de la estructura económica y su relación con la economía global. Hay bienes estacionales o primarios (cereales, alimentos, petróleo), bienes privados y tarifas de servicios públicos. Cuando sube el precio internacional de los bienes estacionales o primarios, hay mayores incentivos para exportarlos, con lo que cae la oferta al mercado interno y suben sus precios locales. La consecuencia es que aumenta la pobreza, pues sube el precio de los alimentos.

Este proceso provoca una suba de costos para los otros bienes, con lo cual hay inflación de costos. Comienza el proceso inflacionario. Como suben los precios internos, hay presiones devaluatorias, y sube el tipo de cambio. Se realimenta el proceso inflacionario nuevamente. Y si la indexación se perpetúa, por ejemplo, con indexación de salarios e ingresos, se consolida la inercia inflacionaria, es decir, los precios suben incesantemente y es casi imposible doblegar la inflación mensual en niveles razonables. La suba del tipo de cambio hace caer el salario real, con lo cual cae la demanda, hay inflación y comienza la recesión.

La solución propuesta por el enfoque estructuralista es cortar el circuito entre precios internacionales y precios domésticos. Por eso se implementan controles de precios, impuestos a las exportaciones (retenciones), y cupos o prohibiciones de exportación.

El problema es que estas medidas en el corto plazo calman los precios, pero en el mediano plazo hacen caer la oferta de bienes primarios (no es negocio producir cereales o extraer más petróleo), con lo cual vuelven a subir los precios internos en un mediano plazo no tan lejano, pero además con caída de la oferta.

Para los críticos de este enfoque, la solución adecuada sería precisamente lo opuesto: promover aumentos de la oferta de bienes primarios, pero los resultados se ven en el mediano plazo. Nuevamente, todo depende de consensos socio-políticos.

¿A quién le sirve la inflación?

Con todo, ¿es tan negativa la inflación para temerle tanto? Se puede conjeturar que los argentinos (por lo menos una buena mayoría) tienen cierta propensión a la inflación y, por ende, no deberían considerarla negativa.

Muchos gobiernos argentinos quizás consideren a la inflación como algo positivo. ¿Por qué? Quizás porque permite financiar más gasto público, generar más empleo público, potenciar el ciclo económico y soñar con eternizar el ciclo político. Además, la inflación licúa la transparencia de los números del Presupuesto Nacional y los presupuestos provinciales y municipales, abriendo interrogantes, y la subestimación de la inflación en un presupuesto permite obtener mayor recaudación que la presupuestada, dejando una brecha a más discrecionalidad en la asignación del gasto.

Parte de la población, por su parte, tampoco padece la inflación. Los salarios e ingresos (así como los planes sociales y jubilaciones) se indexan con la inflación pasada, y si bien el poder adquisitivo se deterioró en los últimos años, no pareciera ser un motivo de debate en las paritarias, donde los sindicatos adquieren un rol más importante.

La producción privada se enfrenta a recurrentes mayores costos salariales y de insumos, pero fija precios, en un contexto comercial externo en general proteccionista. El mark-up asegura rentas extraordinarias globalmente impensadas, dado que muchas empresas fijan precios, por lo general muy por encima de los internacionales. Mientras siga el proteccionismo, la inflación las beneficia. Si bien no son causantes de la inflación, el sistema las alienta a incrementarla indirectamente.

Con todo, los controles de precios y de insumos importados complican la producción, y la inversión a largo plazo debe elaborar cash-flows donde es casi imposible acertar con la tasa interna de retorno del proyecto.

El sistema financiero también se adapta. El crédito bancario de consumo de mediano plazo disimula el proceso con plazos generosos y tasas exorbitantes, pero permite a los ciudadanos mayor consumo. Por su parte, el crédito para inversión privada a mediano y largo plazo es más que escaso.

Gobierno, consumidores y productores “sobreviven” en el mundo inflacionario argentino. Es lo que no entienden los extranjeros. Sobre todo, en una sociedad y en una economía con algunas tendencias políticas, sociales y culturales orientadas hacia cierto aislamiento y limitada integración al mundo, salvo para viajes turísticos a destinos atractivos. Estos viajes al exterior se incrementan en la historia argentina a medida que el peso se aprecia (atraso cambiario que será más inflación futura) y es más accesible acceder a divisas baratas. Así, la inflación, además, “permite” viajar por el mundo.

Si se considera que la alta inflación en la Argentina tiene un componente cultural, el problema es más grave. En una economía donde el PIB de 2019 era apenas superior al de 2010, y el de hoy es inferior al de hace dos años, con cinco millones más de habitantes, tener una de las inflaciones más altas del mundo no parece lo más razonable.

Crisis del modelo de 2002

Sea que el origen de la inflación se defina a partir de la dominancia fiscal de la política monetaria, que implica la emisión del Banco Central para financiar el déficit del Tesoro; como estructural, por estrecheces de oferta, es decir, inercial, el problema existe.

La solución depende exclusivamente de los hacedores de la política económica, porque la inflación es generada precisamente por la política económica, no por el sector privado ni el sector externo de la economía. Si implica reestructurar el gasto público (no financiable aún hoy con la alta presión tributaria) y generar un cambio de régimen que promueva seguridad jurídica, inserción en el mundo y atracción de inversiones y de “argendólares”, es otro desafío.

Pareciera que lo que está en crisis es el modelo de organización socio-económica implementado desde 2002: gran intervención estatal, reducción del peso del sector privado, más informalidad, pobreza, gran cantidad de planes sociales e inserción internacional poco efectiva en cuanto a resultados.

Sin embargo, el aval de los agentes del sector privado a estas políticas económicas a lo largo de la historia económica argentina es llamativo. Si la forma de organización económico- social no funciona después de veinte años, todo hace pensar que debería tomarse otro camino.

La salida de la estanflación, y de la alta inflación, habitualmente se realiza con cambios de régimen y medidas de shock económico. Alternativas intervencionistas o gradualistas, como las metas de inflación, no son recomendadas por la literatura, ni, lo más importante, por la evidencia empírica de la salida de la alta inflación de ciertos países en el siglo XX.

Esto podría implicar un plan de estabilización con algún sistema de tipo de cambio fijo, móvil en el tiempo, en línea con el Plan Austral o la Convertibilidad. Este plan, naturalmente, genera inversión privada y crecimiento, aumento del empleo y caída de la pobreza. A propósito, si la pobreza es del 45% de la población, y la pobreza estructural se ubica entre el 25% y el 30%, sólo con crecimiento económico, la pobreza se reduciría un 15%. La clave es ubicar el problema de la inflación en el centro de la escena.

Ernesto A. O’Connor  es economista, investigador y profesor en la UCA