Hace algunos años no era de esperar que en las sobremesas familiares o de amigos la movilidad humana fuera considerada como uno de los temas más ríspidos y polarizados. Al punto de evitar mencionarlo, como sucede con la política o la religión. No obstante, en el siglo XXI, la situación parece haber dado un giro de 180 grados. Las conversaciones que solían ser parte y competencia de los Estados y de las organizaciones internacionales, o inclusive de las víctimas de distintos conflictos geopolíticos, pasaron a formar parte de la vida cotidiana. El tema de la migración resultó así un debate habitual en la vida de los habitantes de las naciones desde el momento en que puede relacionarse con aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, tanto de los países de destino como de origen de quienes migran.
En general, puede decirse que los individuos que migran, ya sea por desplazamientos forzados o cuestiones de superación personal, son cuestionados silenciosamente por parte de los residentes de los Estados de recepción ante la posibilidad de que los recién llegados se vean beneficiados con ciertos derechos básicos. El asunto ha sobrevivido al siglo XX y han tomado relevancia la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Agencia del Alto Comisionado para los Migrantes (OIM), así como las recomendaciones a los Estados de generar políticas públicas para favorecer la protección y defensa de los derechos humanos. Voces que no siempre han sido oídas.
Vale aclarar que la cuestión de la movilidad humana y acceso a derechos no es un tema nuevo; desde la primera guerra mundial los Estados centrales no han podido dar respuesta a la situación de los desplazados en relación a su integración en un Estado diferente del de origen. Al respecto, la OIM indica que la integración acertada es un proceso de doble vía que implica la adaptación mutua de los migrantes y de la sociedad receptora, así como la igualdad de derechos y obligaciones. Es decir, la aceptación por parte de la sociedad de acogida y la adaptación por parte del migrante (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.). Pero, además, nociones semejantes comprenden cohesión social a conceptos ligados a la lucha contra la discriminación, la xenofobia y la comprensión mutua (OIM, 2017).
En este contexto, los individuos que son parte de procesos de movilidad humana atraviesan dificultades para integrarse en los Estados de recepción o acogida. Se ven expuestos a experiencias complejas en contextos de escenarios adversos y desesperantes que los terminan induciendo a elaborar estrategias de supervivencia ante las demoradas respuestas de las políticas públicas de las naciones. En el mismo sentido, la ausencia de vínculos y la falta de redes familiares, la irregularidad migratoria (que en muchos Estados es criminalizada como un delito mayor), la renuncia de niños y adolescentes a la escolaridad, la delincuencia y las redes de explotación laboral, han creado condiciones de vulnerabilidad para cualquier individuo.
Asimismo, si bien el abordaje del tema es complejo, la comunidad internacional no ha alterado su visión del asunto frente a conflictos bélicos[1] de gran magnitud, ni ante las declaraciones del papa Francisco en su visita a la isla de Lampedusa en 2013, tras el naufragio de una barcaza en las costas italianas. Tampoco cuando los medios de comunicación denunciaban las duras condiciones de los niños no acompañados en los Estados Unidos, retenidos en los centros clandestinos de detención, ni cuando el mundo protestaba por la fotografía de Aylan Kurdi (el niño de tres años fallecido en las costas de Turquía). Ni siquiera cuando los medios revelaban que ciudadanos chinos habían sido encontrados dentro de conteiners en condiciones sórdidas como víctimas del tráfico ilícito de personas.
En consonancia con estos hechos de gran impacto social, desde 2019 aumentaron los reclamos por parte de organismos internacionales que clamaban a los Estados por soluciones frente al masivo aumento de desplazados forzosos de Siria, Venezuela, Myanmar, Afganistán y Sudán del Sur. Tampoco surtieron efecto los pedidos para que los Estados flexibilizaran el acceso a documentación y visas (justificadas en las leyes introducidas a raíz de los atentados en el 2001) para poblaciones en emergencia. Por el contrario, tampoco favorecieron el acceso a ciertos derechos y siguieron implementando políticas de securitización en torno la movilidad humana.
A raíz de lo expuesto, el reto de nuestras sociedades sigue residiendo en ejecutar, implementar y articular las políticas públicas y los acuerdos de cooperación internacional tal como ha instado el Pacto mundial para las Migraciones –firmado en 2016 por la Asamblea General de las Naciones Unidas–, documento concluyente respecto a cómo debe abordarse el tratamiento del tema de la gobernabilidad migratoria.
Pensar la colaboración interestatal como medio para garantizar una migración segura, ordenada y regular, promoviendo nuevos debates al interior de los Estados y en la comunidad internacional, todavía parece ser un paradigma muy lejano. No ha dejado de verse al migrante como un problema en lugar de un aspecto positivo para la sociedad de acogida.
En virtud de ello, poco se ha dicho acerca de que los individuos que arriban a un nuevo Estado aportan un valor agregado, tal como lo son las remesas culturales. Atento a lo anterior, y apoyándonos en estudios migratorios, podemos decir que la movilidad humana no puede detenerse. Por lo tanto, las narrativas migratorias orientadas a la securitización, el control de los flujos migratorios y los discursos antimigratorios han alcanzado hoy el debate social, poniendo en jaque posiciones reduccionistas y discursos xenófobos al permitir que todas las voces de la sociedad puedan ser oídas mediante el acceso a soportes digitales de la información.
Aún resulta complejo instalar una narrativa migratoria que explique los beneficios que aportan los flujos migratorios. En lugar de ver al otro como una amenaza al territorio y a la identidad, despertando sensaciones de miedo e incertidumbre frente a las posibilidades de perder el empleo y el acceso de la salud, habría que educar a las comunidades desde una perspectiva de protección de derechos, capaz de impactar en las actitudes individuales.
El gran desafío que aún hoy enfrenta la comunidad internacional y cada Estado en particular es formular políticas públicas basadas en estrategias gubernamentales a nivel nacional que no criminalicen la movilidad humana. De esta manera, se dará lugar a espacios de diálogo entre los actores de los países, con el intercambio de buenas e innovadoras prácticas entre la sociedad civil, los gobiernos y las personas migrantes, asilados y refugiados, produciendo cambios en pos del buen entendimiento y construcción de consensos en sociedades diversas y multiculturales.
Carolina Zocca es Lic. en Periodismo y Magíster en Relaciones Internacionales (USAL). Ex Becaria Rotary Pro Paz y Doctoranda en Ciencias Políticas (UCA).
[1] Balcanes (1991), guerra de Irak (2003), guerra de Afganistán (1978), conflictos en África (guerra civil de Somalia en 1991, conflicto Chad-Sudán en 2005, guerra civil en Sudán del Sur en 2013, guerra civil en Libia con revoluciones en Egipto, República Centroafricana, el Congo, Etiopía, Argelia, Túnez, Burundi y Mali, secuestros de Boko Haram con influencia en Nigeria, Chad, Camerún y Níger desde el 2009, y el genocidio de Darfur desde 2003 (con ataques a las comunidades no musulmanas y más de tres millones de desplazados)
