Después de los Estados Unidos, la Argentina es el país que más inmigrantes recibió en los últimos 200 años en el continente, como consecuencia de una política deliberada de los gobiernos de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.
Paralelamente, el envejecimiento de la población mundial coincide con una caída en las tasas de natalidad que afecta a nuestro país y también a toda América, como también a Europa y a Asia. La excepción es África, donde la población podría duplicarse en los próximos veinte años.
En este contexto, el fenómeno migratorio se encuentra en un nivel muy alto. En 2022 había 281 millones de personas migrantes, es decir, 3,6% de la población mundial. De ese total, 169 millones corresponden a migrantes en condiciones de trabajar.
Si miramos las migraciones como factor poblacional, se puede decir que se han convertido en un elemento conflictivo, que crecientemente genera políticas restrictivas por parte de los principales Estados receptores (Europa y los Estados Unidos) para hacer frente sobre todo a los flujos migratorios ilegales, particularmente originados en el África Subsahariana y Asia Menor.
Al mismo tiempo surgen, muy tímidamente, iniciativas internacionales y regionales para modificar la lógica sobre las migraciones: volver a considerarlas positivamente y retornar a una gestión de estos flujos a fin de racionalizarlos, protegiendo integralmente los derechos humanos de los migrantes. La pregunta que cabe hacerse es si esas visiones son factibles en esta sociedad global en construcción, donde imperan prioridades de seguridad en los Estados nacionales.
La Argentina, más allá de la crisis económica que intenta dejar atrás, debido a la baja densidad poblacional y a su clima templado, podría volver a ser en el corto y mediano plazo un imán para la inmigración regional y extra regional, posiblemente la africana y quizás nuevamente la europea. Para ello es necesario tener una política migratoria activa, coordinada con las necesidades de nuestra sociedad a nivel federal y, si fuera necesario, actualizar nuestra legislación migratoria o su reglamentación.
Antes debemos evaluar los beneficios sociales de las migraciones a nuestro país, pasados y presentes. Una manera de realizarlo es llevar a cabo un análisis económico costo-beneficio y poner el tema en un plano estratégico.
Un aspecto clave a analizar son los costos que representa para nuestra sociedad el uso de los bienes públicos, la salud y la educación, tanto por parte de los inmigrantes como de los emigrantes que fueron formados en nuestras universidades. Dicho de otro modo, cuáles son las consecuencias y de qué manera se compromete nuestro futuro como sociedad.
También, dentro de lo posible, debiéramos desideologizar y despolitizar el tema migratorio, teniendo en cuenta nuestra tradición liberal a las migraciones, pero también las necesidades y posibilidades actuales y de largo plazo, teniendo en cuenta siempre el bienestar y los derechos humanos de los migrantes y, bien entendidos, los de nuestra población.
