Editorial: De las crónicas de estío al Bicentenario

El tórrido verano de 2010, umbral de nuestro Bicentenario, nos ha castigado no sólo con temperaturas más altas que las habituales –calentamiento global  mediante–, sino con avatares políticos tanto o más fastidiosos, síntomas de un cuadro de debilidad institucional y consensual que los argentinos parecemos incapaces de superar.

Los episodios judiciales en torno a la remoción y posterior renuncia del presidente del Banco Central, así como el decreto de necesidad y urgencia destinado a crear (abusando del nombre) un Fondo del Bicentenario que permitiría disponer de parte de las reservas para el pago de compromisos de la deuda externa y liberar otros fondos para el creciente nivel de gasto público, han puesto de manifiesto una vez más las dificultades que enfrentamos para encauzar el devenir político del país a través de canales de negociación y acuerdo en el marco de las instituciones, dejando de lado las discordias y la avidez personalista.

Los medios de comunicación de diferentes coloraciones políticas han relatado pormenorizadamente los desatinos del Poder Ejecutivo, de distintos sectores del Congreso y del ex presidente del Banco Central, del oficialismo como de la oposición.

Repasándolos se tiene la impresión de que los argentinos nos hemos propuesto reeditar la desunión, la incertidumbre y el cuadro de deterioro institucional que precedió al estallido de la revolución de dos siglos atrás. El Bicentenario debería ser la ocasión, en cambio, de recuperar los muchos esfuerzos que hemos realizado a lo largo de estos doscientos años en sentido contrario, en la búsqueda de consensos y en el trabajo, tal vez silencioso, por el fortalecimiento de nuestras instituciones, único camino para la construcción de un país para todos.

En ese sentido, el Bicentenario nos encuentra en un contexto inédito en los últimos cien años. El 10 de diciembre pasado los argentinos pudimos celebrar 26 años ininterrumpidos de vigencia de las instituciones democráticas.

Si miramos los avatares políticos desde el Centenario de 1910 en adelante, no encontraremos un período tan extenso de normalidad institucional. Sin embargo, huelga decir que el fervor democrático de 1983 no consiguió arraigar lo bastante en las conductas ni se tradujo en un respeto incondicional de los marcos institucionales preestablecidos. Los valores de los argentinos, no sólo los políticos, sino también los más profundos, los valores cívicos que debieran dar sustento a una cultura democrática y republicana sólida, al respeto por los derechos y las razones del otro, se han transformado menos que las instituciones que organizan nuestra vida social. El resultado es la existencia de instituciones más o menos ficticias, de normas que se busca burlar en beneficio propio, desde el decreto gubernativo hasta el semáforo en rojo.

Las instituciones democráticas surgen de un esquema normativo plasmado en la Constitución y las leyes y el respeto de las normas genera certidumbre al ciudadano. Sobre este principio teórico, Raúl Alfonsín, enarbolando una prédica netamente republicana, finalizaba cada uno de sus actos durante la campaña electoral de 1983 recitando el Preámbulo de la Constitución Nacional. Era, por cierto, una apelación necesaria en ese instante de la vida argentina. Los argentinos intentábamos dejar atrás

décadas de violencia política y el Preámbulo constitucional era tan revolucionario como la declaración de independencia. El triunfo de Alfonsín en octubre de 1983 permitía suponer que la ciudadanía hacía suyos esos valores y los situaba en la cima de la escala. La aspiración argentina parecía ser el regreso a la vigencia plena de los derechos individuales y a la fuerza de la ley por sobre la voluntad de unos pocos. Los votos de octubre parecían expresar un claro “no” a la violencia que nos había dividido y lacerado, esgrimían el valor de la autoridad frente al autoritarismo.

Sin embargo, el tiempo parece haber debilitado aquellas loables aspiraciones, limitando su alcance, por parte de los ciudadanos, al acatamiento ritual y periódico de las convocatorias electorales, y por parte de nuestra clase política, a un respeto de la letra de las leyes –cuando lo hay– que no siempre se acompaña de la veneración del espíritu democrático que en su momento les dio vida. El Preámbulo de la Constitución sigue siendo un programa bello, pero incumplido. Acuciados a menudo por los sobresaltos de la economía y por el drama de quienes han quedado fuera de sus márgenes y pugnan por la supervivencia, los argentinos hemos fracasado, hasta ahora, en la tarea de construir acuerdos programáticos de largo plazo. Vistos desde esta perspectiva, los pobres acontecimientos de este verano que va finalizando –si no en la temperatura, sí en el calendario– son un botón de muestra más del grado en que el anhelo de vivir regidos por la ley y las instituciones ha ido perdiendo terreno frente a la voluntad de hegemonía a toda costa que anima a nuestra clase política y al desánimo ciudadano, que carece de ejemplos de virtud cívica a seguir en sus comportamientos cotidianos.

Sería ilusorio pensar que estas observaciones pueden aplicarse a la mayoría de quienes hoy encarnan el oficialismo o a quienes representan a la oposición, porque lamentablemente son marcas de una cultura política –en su sentido más amplio– que impregna a nuestra sociedad de arriba abajo y sin distinción de colores partidarios. Ciertamente, no puede responsabilizarse de igual manera a gobernantes y a gobernados, a quienes tienen la obligación de guiar al país porque la mayoría ciudadana les ha confiado la tarea de gobierno en las elecciones y a quienes tienen, en cambio, el deber de aportar a la construcción del país con su trabajo. Pero no ganamos nada con lecturas maniqueas que inculpan a unos y absuelven a otros, ocultando el hecho de que adolecemos de una cultura política –o de una madurez política– capaz de permitirnos lograr consensos y encarar objetivos de largo plazo. Una sociedad es, por definición, una realidad plural, hecha de intereses políticos, económicos y sociales diferentes y tal vez encontrados. La obligación de quien ejerce el poder, en el oficialismo como en la oposición, y en cualquiera de los tres poderes del Estado, es la búsqueda honesta de puntos de equilibrio entre esos intereses: soluciones que permitan avanzar a pesar de la contradicción, objetivos convocantes por ser más altos y nobles que los meros intereses sectoriales o incluso personales. Lo que hace posible una alternancia política civilizada que no trae consigo virajes violentos, aires fundacionales que tiran por la borda todo lo anterior o directamente lo niegan. Este mismo verano que termina nos ha dejado el ejemplo cercano de Chile en esta materia, que suscita una sana envidia.

Obviamente, la tarea es imposible cuando no se está dispuesto a ceder y a conceder, cuando quien gobierna –oficialismo u oposición– se encolumna detrás de determinados intereses para combatir a los que se les oponen, cuando la política se reduce a un torneo de declaraciones altisonantes y agresivas y a una campaña electoral permanente. El Bicentenario, entonces, nos encuentra con una gigantesca tarea por acometer: construir consensos aprendiendo a renunciar en parte a nuestros propios intereses en aras de la concordia, en el respeto incondicional de las leyes y las instituciones.

Sólo así podremos revertir, en el mediano y largo plazo, algunos, al menos, de los graves males que nos aquejan. Un siglo después de las graves discordias que acompañaron el desarrollo de la Revolución de Mayo, la Argentina del Centenario, con todos sus límites, estaba en camino de convertirse en un país progresivamente inclusivo. Centenares de miles de inmigrantes llegaban al país cada año atraídos por la esperanza del progreso, mientras se desarrollaba el debate en torno a la ampliación del sufragio que dio por frutos la llamada Ley Sáenz Peña de 1912 y se elaboraba un proyecto de Código de Trabajo de miras tan avanzadas que naufragó a causa de la incomprensión de sectores de izquierda y de derecha. Hoy la Argentina contempla desanimada la lenta pero constante emigración de sus hijos, algunos de gran talento y formación intelectual o artística, obtenida por lo general en el sistema de educación oficial gratuito. Hoy la Argentina contempla la incapacidad de sus dirigentes para proporcionar a la sociedad ejemplos de virtud cívica y de pasión por los valores republicanos y democráticos que nos permitan salir del pantano de las discordias.

Hoy la Argentina, a pesar de sus inagotables recursos, se ha convertido en un país incapaz de incluir económicamente a la totalidad de sus ciudadanos por medio de fuentes dignas de trabajo.

Muchos inmigrantes del primer Centenario anhelaban ser argentinos y sentirse, ellos y sus hijos,  parte de un país que miraba ilusionado hacia el futuro. Sus nietos buscan hoy recuperar la nacionalidad de los abuelos, como salvoconducto para mejores horizontes. Con todos sus defectos, la generación gobernante del Centenario había fraguado una imagen de patria, y el “amor a la patria” era una virtud transmitida y aceptada con orgullo. Hoy día para muchos sólo queda de ello una triste caricatura constituida por la selección nacional de fútbol, cuyo errático presente parece una imagen fiel de lo que nos ocurre como nación.

Nos debatimos entre el entusiasmo por los liderazgos personalistas y la necesidad de garantizar la vigencia de la ley y crear consensos políticos y económicos sólidos y duraderos. Esta disyuntiva, sin lugar a dudas, marcará la vida institucional de la república en los próximos lustros.

Debemos reconocer que tenemos mucho que aprender todavía: gobernantes y gobernados debemos comprender que el ejercicio de la autoridad no tiene por qué devenir en autoritarismo, que el otro tiene derecho a defender sus propios intereses y que sólo la creación de consensos nos permitirá dejar atrás una historia nacional signada por la discordia.

No hay otro camino que el del duro aprendizaje. Sigamos el consejo del electo presidente uruguayo José Mujica cuando nos alentó a superar las discordias que nos dividen. “No podemos vivir esclavizados por las cuentas pendientes de la vida. Yo tengo memoria y recuerdos –dijo, él que transcurrió más de una década en durísimas condiciones de prisión–, pero una cosa está bien clara: es importante mirar el pasado, pero también es necesario perderle el respeto. La vida es porvenir”.