Novedades en los medios y las empresas periodísticas en la Argentina, los contenidos privados y estatales, la ley de medios y las disputas entre el Gobierno y el Grupo Clarín desde la mirada de un especialista.
Los 30 años que separan al presente de la recuperación del régimen constitucional exhiben cambios significativos en el sistema de medios. Sus contenidos, su estructura de propiedad, su propia definición desafiada por nuevos contornos tecnológicos y su discusión por parte de la sociedad presentan modificaciones notables. Si bien la adscripción al lucro moldeó buena parte de las últimas tres décadas como principio rector del funcionamiento de los medios, en los últimos años la discusión sobre la comunicación introdujo un complemento de tipo político.
En materia de contenidos el cambio más sobresaliente desde 1983 es el destierro de la censura directa ejercida hasta los años 80 no sólo por gobiernos militares, sino también por civiles en el siglo pasado. A la vez, la digitalización de las tecnologías de producción y la competencia de nuevas pantallas afectó los lenguajes tanto audiovisuales como escritos. Los medios audiovisuales remozaron y reorganizaron sus procesos productivos a través de la tercerización de su programación, lo que habilitó el surgimiento de productoras independientes que por un lado revitalizaron estéticamente la televisión y la radio, y por otro significaron un ahorro de costos fijos en las emisoras, que delegaron el riesgo en nuevas productoras. Varias de éstas fueron más tarde absorbidas por los grandes grupos.
No todo es novedad, ya que se mantiene inalterada la centralización geográfica de la producción de contenidos: la zona metropolitana de Buenos Aires sigue proveyendo más del 80% de la programación televisiva originada en el país y en los medios gráficos el cierre o la absorción de diarios locales por conglomerados mediáticos con sede en Buenos Aires restringió la producción local. Además, es muy común la práctica de alquiler y subalquiler de espacios en medios audiovisuales, añadiendo complejidad al peso del licenciatario en el control de los contenidos que emite.
Otro proceso característico del período es la concentración de la propiedad de los medios. Esta concentración, alentada por uno de los cambios con los que en democracia se empeoró la Ley de Radiodifusión de la Dictadura, de 1980, se desplegó en dos fases: la primera expansiva, la segunda defensiva. Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999) estimularon la fase expansiva, primero con privatizaciones que beneficiaron a grupos nacionales (Clarín, Editorial Atlántida) y luego permitiendo el ingreso de capitales extranjeros y bancarios.
Tras la crisis de 2001 el Estado ayudó a las empresas periodísticas a través de la sanción de una ley denominada “de bienes culturales” que fue, en rigor, un salvataje frente a las deudas contraídas con capitales externos, para evitar que éstos tomaran los activos de los medios como parte de pago. Allí se inició la segunda fase del proceso de concentración, en la que los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007) respaldaron una estrategia defensiva con políticas diseñadas a la medida de los grupos locales. Además de la ley de bienes culturales, se extendió la explotación de las licencias por parte de los operadores privados y se facilitó la transferencia de emisoras sin mediación de concursos públicos. Esta etapa termina el 7 de diciembre de 2007, pues ese día Kirchner autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal (Grupo Clarín).
Por otro lado, el clásico descuido de emisoras de gestión estatal comenzó a revertirse ya a partir del gobierno de Fernando de la Rúa, pero fue con las presidencias de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner cuando se crearon nuevas señales (Encuentro, Paka-Paka) y se potenció la función del Estado como emisor. El Programa Fútbol para Todos, desde 2009, vigorizó una pantalla que hasta entonces no disputaba el interés de las audiencias. El Estado produce contenidos de calidad, si bien en el segmento de la información política acentuó su sesgo gubernamental.
Otro factor decisivo en la metamorfosis del sistema de medios fue el surgimiento incesante de nuevas plataformas de emisión. El control remoto y la migración de los receptores al color tonificaron las formas de ver televisión, pero fue a partir de 1990 cuando la paulatina masificación de la televisión por cable y su menú multicanal introdujo una oferta de decenas de canales en una pantalla que sólo en las grandes ciudades contaba con más de un canal de aire. El paisaje mediático tendría luego un revulsivo extraordinario con Internet y más adelante, con las conexiones a través de dispositivos móviles, la diseminación de redes digitales y de espacios que alternativizan el flujo unidireccional con soportes analógicos propios de los medios tradicionales.
A su vez, las nuevas plataformas de información y entretenimiento favorecen la extensión de la discusión social sobre la función que desempeñan los medios, cuestionando su inmaculada concepción. Esta discusión, común a varios países sudamericanos, fue además apoyada por gobiernos que impulsaban e impulsan nuevas regulaciones en lo atinente a la estructura de propiedad y a los contenidos. Tras el estímulo a la concentración en la gestión de Kirchner, Cristina Fernández ordenó un giro copernicano en la intervención estatal en el sector. A partir de la llamada “crisis del campo” de 2008 la entonces flamante Presidenta se enfrentó con el grupo Clarín que es, junto a Telefónica, el más poderoso conglomerado comunicacional en el país. El caso Papel Prensa, el cuestionamiento a la firma Fibertel, la gestación del Programa Fútbol para Todos, la adopción de la norma japonesa-brasileña de televisión digital terrestre y luego la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son manifestaciones de la nueva política de medios. Este listado sería incompleto si no mencionara el incremento de la financiación de medios cercanos al Gobierno con recursos públicos a través de la publicidad oficial, cuyo manejo discrecional fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, o si omitiera medidas que protegen el derecho a la libertad de expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias o la abolición del desacato.
Frente a este panorama, la ley audiovisual en su texto de 2009 fue una respuesta de carácter inclusivo al comprender a sectores no lucrativos (cooperativas, medios comunitarios) en la gestión de licencias, establecer límites a la concentración de la propiedad, exigir a las emisoras estatales pluralismo y diversidad, habilitar la participación de minorías políticas y sociales en la aplicación y control y proponer cuotas de contenidos locales. Sin embargo, ni el Gobierno ni los principales grupos respetan la ley a casi cuatro años de su sanción. La ausencia de concursos, la falta de información fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el guiño del Gobierno para que la desconcentración se realice entre accionistas y allegados (estrategia fronteriza con el testaferrismo) de todos los grupos excepto Clarín (que mantiene el pleito por cuatro artículos de la norma, tema que debe resolver la Corte Suprema de Justicia este año), el sobreactuado oficialismo de los medios estatales y la postergación de los reclamos de los sectores sin fines de lucro se combinan para desatender la democratización prometida.
El autor es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor titular de las universidades nacionales de Quilmes y Buenos Aires. También es investigador independiente en el Conicet y autor de libros sobre medios públicos en América latina, WikiLeaks, concentración y estructura de propiedad de los medios y políticas de comunicación. Su blog es http://martinbecerra.wordpress.com/ En Twitter es @aracalacana.
