Revista Criterio
Iglesia, Notas de Tapa, Sociedad
Nº 2388 » Diciembre 2012

El catolicismo y la república

por Di Stefano, Roberto · 2 Comentarios 

Armonías y discordias entre los catolicismos y liberalismos argentinos en los siglos XIX y XX que influyeron en la forma de entender la república y la democracia. En sus relaciones con el poder político los católicos han seguido como guía dos enseñanzas neotestamentarias: la que afirma que todo poder viene de Dios y que por lo tanto es preciso someterse a las autoridades instituidas (Romanos 13,1) y la que aclara que siempre hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos 5,29). Dejando de lado las sutilezas de la teología, en su concreta aplicación política, la primera fue generalmente usada para exhortar a la sumisión y la segunda fue a veces evocada para justificar la desobediencia. Como el catolicismo es una realidad plural, hubo creyentes que en su vida priorizaron una de las dos posibilidades. Dado que los católicos son además humanos sujetos a las contingencias de la vida, algunos oscilaron entre ellas en diferentes circunstancias históricas. También la Iglesia como institución, en distintas coyunturas político-religiosas, supo apoyarse en una u otra sentencia para obedecer o para rebelarse.

En el siglo XIX, las nuevas condiciones que comportaron en Hispanoamérica el liberalismo, la república y la secularización suscitaron en los católicos reacciones dispares, no infrecuentemente contrapuestas. Como también lo fueron las actitudes de diferentes sectores de las elites dirigentes hacia el catolicismo.

Ganó fuerza, a partir de mediados del siglo, una corriente de pensamiento que postuló la intrínseca incompatibilidad entre el catolicismo y las instituciones republicanas, como un sistema de creencias cuyo ADN lo obligaba a identificarse con la monarquía y con el despotismo, con el espíritu intolerante de la Contrarreforma, la Inquisición, los jesuitas y la opresión colonial. Esa prédica llamaba a concluir la revolución inconclusa: América había roto las cadenas políticas con España, pero al no abjurar del catolicismo había dejado intactas otras, más fuertes, que la ataban a la fuente primigenia de la esclavitud. En la Argentina enarbolaron esta concepción pensadores como el chileno Francisco Bilbao –que vivió en Buenos Aires durante los últimos años de su vida–, Juana Manso, Juan María Gutiérrez –en su vejez– y Adolfo Saldías –en su primera juventud–. Esta idea ganó auge cuando en la década de 1860 comenzó a remitir la oleada conservadora que siguió al fracaso de las revoluciones de 1848-1849 y prevaleció durante la década de 1850. Se trataba de una corriente anticatólica, aunque no necesariamente anticristiana, visto que quienes se identificaron con ella raramente abjuraron de su fe.

Desde una vertiente opuesta hubo católicos que privilegiaron la necesidad de darle al país, lacerado por la guerra intermitente e interminable, un orden duradero y una autoridad fuerte. Creían que la revolución conducía necesariamente a un estado de anarquía que a su vez derivaría fatalmente en tiranía. Bastaba la triste historia de nuestro país, argüían, para mostrar que la revolución de 1810 nos había llevado primero a la anarquía de la guerra civil y finalmente a la tiranía rosista. Contrariamente a lo que sostendrían a partir del siglo XX los historiadores católicos, para esos otros católicos del XIX la revolución argentina había sido indisputablemente hija de la francesa y del Contrato Social. En el clima reaccionario del Segundo Imperio francés, Félix Frías se erigió en defensor de esta postura. El país necesitaba ante todo de autoridad, y el fundamento de esa autoridad, en un país católico, no podía ser otro que la religión heredada.

Encontramos en Frías, como en otros pensadores y publicistas católicos de la década de 1850, una obsesión por el orden y por la autoridad que les ha hecho ganar el mote de reaccionarios. Sin embargo, lo que proponían era muy parecido a lo que en esos mismos años pregonaba –entre otros– el padre de la Constitución de 1853, Juan B. Alberdi: el orden ante todo. Para Alberdi, la sociedad que daría a luz la era post-rosista habría de gozar de derechos civiles que serían sacrosantos –transitar, comprar y vender, producir–, pero habría también de dejar el manejo de la política en las manos de las clases dirigentes. Era la política, después de todo, la que había sumido al país en una serie inacabable de guerras intestinas. Era la hora de dejar de lado el sable y la lanza para empuñar el arado. A esa “república posible” seguiría un día la “república verdadera”, en la que todos los ciudadanos estarían por fin capacitados para el ejercicio de los derechos políticos. Los católicos –me refiero a los que ponían su identidad de tales ante todo, porque Alberdi nunca dejó de serlo– pensaron por lo general en la misma sintonía, pero con una variante distintiva: la clave del orden y del progreso no se encontraba en la economía, sino en la adhesión a “la fe de nuestros padres”. Pensaban que ningún pueblo podía ser libre sin religión. Si el país había caído bajo el despotismo de Rosas era porque la revolución había descuidado –e incluso combatido– las creencias católicas.

Pero esos católicos, contrariamente a lo que podría suponerse, no reclamaban más limitaciones de las libertades que las que la mayor parte de sus contemporáneos consideraban imprescindibles. Para los católicos el orden era la conditio sine qua non de la libertad. Sin el dique de la religión y del respeto a la autoridad, las pasiones conducían a la anarquía y la anarquía al despotismo. Por ese motivo, esos católicos se llamaban a sí mismos liberales.

En el tercer cuarto del siglo XIX el término “liberal” poseía entre los católicos connotaciones positivas. Desde luego, había que diferenciarlo del liberalismo “rojo” o “revolucionario”, que no era el verdadero liberalismo, sino algo así como la reencarnación del espíritu jacobino en el socialismo y el comunismo. Detestaban tanto el despotismo como la revolución: aborrecían a Rosas, que a su juicio había esclavizado y pisoteado la religión utilizándola para sus fines despóticos, tanto como a los “liberales revolucionarios”, que pretendían, a su juicio, socavar el imperio de toda autoridad.

Por eso exhortaron a los argentinos a acatar una Constitución que en muchos sentidos les resultaba antipática. La Constitución implicaba darle al país una ley común, terminar con la arbitrariedad despótica de los caudillos –encarnada paradigmáticamente en Rosas– y poner coto a una desobediencia que tras medio siglo de guerras civiles se había vuelto congénita. Si la Constitución no les resultaba simpática se debía a que en algún punto era demasiado radical –sobre todo en su garantía de la libertad de cultos– y, en otros, muy poco “liberal”. Consideraban la pretensión del Estado de ejercer el patronato un resabio del despotismo colonial que ninguna sociedad moderna podía tolerar.

Sería erróneo calificar a esos católicos de antimodernos o antiliberales. Catolicismo y liberalismo son realidades plurales. Así como no hubo un catolicismo, sino diferentes modos de concebirlo y de vivirlo, tampoco hubo un único liberalismo. Antes que una doctrina política o económica, el liberalismo fue una cultura que permeó las maneras de concebir el mundo de los hombres del siglo XIX. Los liberalismos y los catolicismos de esa centuria declinaron las palabras clave de la modernidad de muchas formas distintas. Las soluciones que creyeron encontrar a los problemas del país, más que reaccionarias o progresistas, delinearon vías alternativas para alcanzar objetivos que, mirados atentamente y más allá de los discursos de ocasión, resultan bastante menos divergentes de lo que suele creerse.

A diferencia de otros países hispanoamericanos, cuyas elites dirigentes juzgaron necesario poner en movimiento a masas predominantemente rurales a las que creían inmovilizadas por siglos de despotismo e ignorancia, la Argentina presentaba el problema opuesto: el de gobernar a una sociedad que su elite dirigente consideraba ingobernable. Ese diagnóstico de la realidad argentina era compartido por amplios sectores dirigentes y dio forma a un vasto consenso en torno a las relaciones de la Iglesia con la república. No había motivos serios para suscitar en el país una “cuestión religiosa”. Las escasas propiedades inmuebles de las corporaciones eclesiásticas no significaban un obstáculo para la formación de un mercado de tierras (en un país en el que la tierra era justamente lo que sobraba), y los obispos no constituían un poder capaz de impedir que el Estado adoptara las reformas que creyera necesarias para ajustar sus estructuras a las exigencias de la época.

No hubo en la Argentina reformas liberales anticlericales como las de otros países del continente, de los que México es el ejemplo más elocuente. El “indiferentismo” que los católicos recriminaban a la elite puede pensarse como uno de los indicadores de un consenso: pocos veían en el catolicismo una amenaza para la vida republicana. Más bien lo contrario: aunque no lo proclamaran desde las tribunas, primaba la idea de que la religión era un elemento fundamental de la civilización. Más allá de la pirotecnia verbal a que se echó mano en ciertas coyunturas conflictivas, el anticatolicismo fue marginal en las elites gobernantes y la Iglesia católica no se vio privada del apoyo oficial. Frías diría, en 1867, durante el debate que se desató en torno a un par de medidas laicizantes del gobernador de Santa Fe Nicasio Oroño: “Después de la caída de Rosas, una propiedad fue siempre respetada: la perteneciente a la Iglesia Católica. Esta Provincia de Buenos Aires sobre todo había creído que se rendía homenaje a los principios liberales restaurando y embelleciendo sus antiguos templos y levantándolos en las villas o aldeas donde antes no existían; más de una vez hemos visto los cortejos oficiales llevados en el ferrocarril a celebrar en ellas la erección de una nueva casa consagrada a la oración”.

Por eso, más allá de los cortocircuitos y chisporroteos que se produjeron en determinados momentos conflictivos –singularmente, durante la discusión de las “leyes laicas” entre 1882 y 1888–, las relaciones entre catolicismo y república fueron más bien armónicas y apacibles. El Estado no podía prescindir de la Iglesia, ni viceversa. Así es que vemos, por ejemplo, que los gobiernos argentinos no se limitaron a cumplir con las obligaciones que les imponía el presupuesto de culto, y en la medida de lo posible financiaron todo tipo de instituciones e iniciativas católicas. O advertimos que el culto oficial católico fue siempre mantenido y respetado, que las instituciones públicas tuvieron siempre sus capellanes, que los colegios católicos gozaron de protección y prestigio, e incluso que el laicísimo registro civil estuvo en manos de abnegados misioneros en los territorios nacionales; o reparamos en un dato que sintetiza todos esos ejemplos: la Iglesia católica fue y sigue siendo una institución de derecho público a la par del Estado, y todos los tentativos de separar al Estado y a la Iglesia en nuestro país naufragaron, a diferencia de lo que ocurrió en México, Uruguay, Colombia, Brasil y Chile. Si el lector se toma el trabajo de fijarse quiénes se opusieron en 1870 a que la Constitución de la provincia de Buenos Aires dejase de proclamar a la católica como religión oficial, se topará con hombres paradigmáticos del liberalismo y de la masonería argentinos, como Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen.

Como se sabe, las cosas cambiarían en el siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial y sobre todo tras la debacle económica de 1929. En ese nuevo contexto, un catolicismo antiliberal floreció y ganó posiciones en la Iglesia argentina, en sintonía con el pensamiento de sectores tradicionalistas y nacionalistas que cuestionaron algunas de las instituciones clave de la república, como el sufragio, los partidos y sobre todo el Parlamento (el padre Leonardo Castellani hablaba despectivamente de la “democacaracia”). Para muchos se trataba de productos exóticos, ajenos a las tradiciones del ser nacional, que la oligarquía había importado para garantizar su dominación. Algunos creyeron en un retorno del gobierno de los virtuosos que pusiera fin a la demagogia yrigoyenista, para lo que era aconsejable retrogradar hacia formas calificadas de voto. Otros postularon salidas corporativistas, como las que empezaban a ensayarse en algunos países europeos. Fueron más los que pensaron que existían dos instituciones anteriores al Estado, ajenas a las corruptelas políticas, expresión del verdadero ser nacional y destinadas por ello a tutelar la integridad de la identidad argentina contra sus enemigos liberales y maximalistas: la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas. Quienes creían que el catolicismo y la democracia liberal no eran necesariamente incompatibles debieron retroceder frente a aquellos que creían evidente lo contrario: ¿no había sido condenado el liberalismo por Pío IX en 1864? ¿No circulaba aún el viejo libro del Padre Félix Sardá y Salvany que llevaba por título El liberalismo es pecado?

La idea de que el catolicismo comportaba un rasgo primordial de una identidad nacional concebida en términos esencialistas no era nueva, pero en el período de entreguerras llegó a convertirse en parte del sentido común, incluso más allá de los límites de la Iglesia. Sobre esa base, el concepto de democracia cobró nuevos sentidos: si la nación era católica, una constitución que no adoptaba a la católica como religión de Estado no reflejaba genuinamente la idiosincrasia argentina y era, por ende, antidemocrática. Mucho más lo era una ley de educación “atea” que había “desterrado a Dios de la escuela”. Para regresar las cosas a su lugar, para alcanzar la verdadera democracia, era preciso revisar por completo el ordenamiento jurídico del país. Había llegado la hora de obedecer a Dios antes que a los hombres.

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Comentarios

2 comentarios to “El catolicismo y la república”
  1. Martín Lagos dice:

    Si bien muchos críticos del liberalismo gustan afirmar que sus instituciones están diseñadas para preservar el poder de las elites, nuestra experiencia y la de muchos otros países muestran que más tarde o más temprano nuevos partidos o partidos “no elitistas” lograron abrirse paso y acceder al poder a través de las instituciones liberales. Aunque nunca lo reconocerán, la mayoría de quienes critican el liberalismo - católicos, nacionalistas o de cualquier otro signo - lo que pretenden o han pretendido es monopolizar el poder para ellos.

  2. martha elvira dice:

    Creo que habría que grabar en mármol los dos últmos renglones de este artículo magníficamente claro respecto a la historia argentina que tanta relación tiene con la cultura y la educación.
    Creo que hay que “revissr el ordenamiento jurídico del país” y luego respetarlo,cumplirlo y hacerlo cumplir
    Es como decir,empecemos de nuevo… Dios nos asista!!!

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