Las escuchas telefónicas, las grabaciones y toda forma ilegal de intromisión en la vida privada de los ciudadanos –sean éstos hombres públicos, funcionarios, o no– plantean también el tema de la transparencia.

 

A los ciudadanos, sobre todo los que ocupan cargos públicos o de responsabilidad social, no les debería molestar exponerse a ser examinados si los medios son legales. Nunca es suficiente la transparencia y conviene rendir examen cada tanto ante la sociedad por intermedio de sus instituciones. La salud de la república necesita ejemplos constantes de transparencia, sobre todo en tiempos como los nuestros donde prevalece lo contrario.

 

A este propósito conviene recordar que la mujer del César ha de ser honesta y parecerlo. También los hijos e hijas, cuñados, hermanos, nueras, tíos y amigos íntimos.

 

Pero el problema que realmente cuenta aquí es otro, porque se plantea la teoría de que todo vale con tal de obtener información. Se trata de un principio que, llevado a sus extremos, terminaría justificando la tortura. Es grave porque cuestiona a toda la sociedad. No hay sociedad sin normas, sin ética, sin responsabilidad. ¿Es lícito publicar o difundir por radio y televisión palabras e imágenes obtenidas de manera ilegal? Si se acepta eso, se ha dado un paso hacia formas de totalitarismo o de mafia. Ha perdido la sociedad.

 

Sin una privacidad respetada y defendida no hay reparo ante nada. No se puede edificar la legalidad desde la ilegalidad. Extremando otra vez el principio, podría justificarse que el Estado actúe como subversivo. Y ya sabemos qué largos y altísimos precios debe pagar después la sociedad para rehabilitarse.

 

Nadie está, nadie debería estar por encima de la ley. ¿Parece una quimera? Es, sin embargo, una urgente necesidad para subsistir como comunidad.

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