Editoriales

Apuntes del día después

El Congreso de la Nación ocupó el primer plano. Las pantallas de televisión volvieron a mostrar imágenes que hacía mucho tiempo no gozaban de espacio en ese codiciado medio. El acalorado debate del proyecto de ley sobre las retenciones fue la causa de este súbito interés, manteniendo en vilo a la ciudadanía desde su inicio hasta el ajustadísimo desenlace.

 

La política vernácula tiene la rara virtud de tornar extraordinario lo que debería ser normal. En una república democrática, el debate parlamentario de las grandes decisiones de política económica debería ser algo de rutina, y las medidas en esa materia que pudiera tomar el Poder Ejecutivo, la excepción.

 

Pues bien, hoy contemplamos, con algún atisbo de esperanza, un pequeño esbozo de regreso a la normalidad: el Congreso debatió política económica. Más allá de la criticable técnica utilizada, en la que el Poder Ejecutivo solicitó la ratificación legislativa de una resolución ministerial con escaso (por no decir nulo) contenido constitucional, rescatamos la actitud del Parlamento de intentar recorrer el camino de la república democrática, a través del debate intenso y el intercambio de ideas. El Poder Ejecutivo utilizó muchos de los recursos a su alcance para imponer su voluntad, presionado por el Partido Justicialista en la figura de su actual presidente, Néstor Kirchner. El Congreso mostró independencia de criterio y finalmente rechazó el pedido de la Presidenta.

 

No es nuestro propósito ahora discutir el angustioso derrotero de las retenciones durante los últimos 130 días, ni su oportunidad y conveniencia económica. No obstante, caben trazarse algunas líneas de análisis que entendemos importantes para el futuro cercano. Una ley del Congreso podría o no resultar inconstitucional; materia tribunalicia finalmente. Hasta tanto, será ley de la Nación. Por otra parte, puede disentirse con las políticas que una norma expresa, persiguiendo en ese caso su reforma o derogación, tarea –entre muchas otras– para la que las instituciones políticas han sido creadas. Las elecciones periódicas permiten, pues, accionar en uno u otro sentido, mediante el ejercicio del voto. Por lo demás, las organizaciones intermedias y la opinión pública son la arena donde generar el debate y el diálogo. La acción directa, la violencia en la calle y en los escraches son claramente medios ilegítimos. Los hechos del pasado reciente se ocuparon de desmentir, a veces también de forma violenta, estos conceptos.

 

En ese contexto, en el que la crisis del campo absorbió la agenda política desde el 11 de marzo pasado, queda el interrogante acerca del día después. Temas que ya hemos tratado en estas páginas: energía en sus más variados aspectos, inflación, gasto público y la injerencia permanente del Poder Ejecutivo en un variopinto muestrario de actividades económicas. Todo ello precisa para su solución de una dosis contundente de legitimidad de ejercicio, que permita la instrumentación de políticas económicas consensuadas, generales y sectoriales, de largo aliento, que quizá en el corto plazo no sean todo lo populares que a cualquier político con mirada corta le gustaría. Esta masa crítica de legitimidad política no se obtiene con soluciones unilaterales tomadas en círculos cerrados de poder, para luego apelar a un arsenal de argumentos de lo más inverosímiles y contradictorios para intentar su posterior justificación.

 

Los temas mencionados no son menores. La inflación, por tomar uno, es un problema que afecta de manera directa a los que menos tienen, y cuya solución hoy el gobierno no ha comenzado a esbozar porque aún ni siquiera la reconoce (o no le conviene reconocer o no sabe qué hacer). No obstante, los sindicatos aliados al gobierno (valga ahora esta aclaración, en razón de los últimos sucesos) piden y negocian aumentos salariales que en mucho exceden los índices oficiales. Esta manera de hacer política, que tuvo su cenit en la crisis de las retenciones, provoca dinámicas de negación, rechazo y polarización, que intentan esconder las verdaderas dificultades. El resultado de la tristemente célebre resolución 125 demostró la futilidad de esta estrategia.

 

¿Cómo encauzar la discusión de políticas de estado de largo plazo, en un ambiente con tendencias a la polarización y la crispación generalizada? La pregunta parece huérfana de respuestas, si apelamos al ejemplo de la primera medida importante en materia de política económica que intentó imponer la Presidenta. El modo en que se manejó la cuestión de las retenciones es la muestra paradigmática de cómo no deben resolverse las cosas. Por motivaciones variadas, terminó el Congreso acometiendo y cerrando el debate. Pero la batalla dejó heridos, rencores y una amarga sensación de oportunidad perdida para la búsqueda de calidad institucional, tan pregonada durante la campaña electoral.

 

En el fragor de las discusiones, la Presidenta apeló con bastante frecuencia a su triunfo en las urnas como justificación del accionar de un gobierno “nacional y popular”, en expresión que combina lo nostálgico con lo ambiguo. Conviene quizá recordar la enorme diferencia entre democracia plebiscitaria y república democrática. A riesgo de simplificar, entendemos a la primera como aquella que sostiene que las urnas otorgan al representante elegido toda la legitimidad para imponer su agenda, con independencia de los marcos institucionales que le dieron origen a su poder. Esta visión tiende a encontrar límites en el ejercicio de gobierno sólo en las urnas. La república democrática, en cambio, acota los márgenes de decisión a quien resulta elegido presidente, repartiendo atribuciones entre los distintos poderes del Estado. El apoyo popular, en este caso, otorga al representante elegido la legitimidad necesaria para llevar adelante un plan de gobierno dentro de un marco institucional, que es a su vez el que le pone límites a su gestión.

 

Estas ideas, al parecer sencillas, no están suficientemente arraigadas en la sociedad y tampoco en la clase política. La visión plebiscitaria de la nación, en la que la presidenta en ejercicio se considera legitimada para tomar cualquier medida con fundamento en el respaldo popular, genera la creencia –también plebiscitaria– de que ante el desacuerdo, la manera de oponerse es ganar la calle. Este sistema perverso, que provoca círculos viciosos de conspiraciones y fabulaciones, en donde desde el oficialismo se demoniza a quien se opone, y desde algunos sectores de la oposición se conjetura sobre las eventuales maneras de acelerar el cambio político, no está capacitado para siquiera comenzar a tomar conciencia de los temas de la agenda que necesitan soluciones de consenso.

 

Reconstruir la confianza en la política, en el Congreso, en la representación, parece ser el camino a recorrer para solucionar los problemas que hoy tenemos, que exceden en mucho el tema del campo. No obstante, la visión de corto plazo de la mayoría de los actores (oficialismo, oposición e intereses sectoriales) es  hoy uno de los mayores obstáculos para esta reconstrucción.

 

La república democrática, por oposición a la democracia plebiscitaria, requiere de la construcción paciente de consensos en torno de los grandes temas que nos afectan a todos. La institucionalización de tales consensos otorga la legitimidad necesaria para llevarlos adelante en el tiempo.

 

Los debates recientes en el Congreso parecen ser un primer paso, acaso endeble y frágil. Pero no debemos olvidar que si bien la falta de práctica genera entumecimientos y rigidez, con ejercicio y gimnasia pueden superarse. El desafío es volcar hacia este camino toda nuestra confianza y energía. Soluciones distintas –aunque nos cueste reconocerlo– no han demostrado eficacia en el pasado.