Iglesia

El esfuerzo de paz en el Beagle

Estas líneas son recuerdos del esfuerzo de paz realizado por Chile y la Argentina treinta años atrás, mientras yo escribía mi tesis en la Universidad de Chile sobre el conflicto limítrofe. La “Cuestión del Beagle” se generó a partir de las interpretaciones del artículo III del Tratado de 1881, el cual estipulaba que el mencionado canal separaba las jurisdicciones de ambas naciones. Desde mi perspectiva, era sólo una etapa más dentro del largo proceso de demarcación limítrofe, tarea nada fácil dada la extensión y complejidad de nuestra frontera común. Me dediqué con entusiasmo a reunir artículos de prensa de ambos países. El tema inició lo que ha sido una constante de mi quehacer académico: la búsqueda y construcción de un acervo documental que permita a la Argentina y a Chile enfrentar adecuada y conjuntamente su próximo desafío limítrofe, que es el Antártico.

 

A partir de 1915 los gobiernos intentaron resolver el tema y, desde 1960 trataron, sin éxito, de encontrar una “fórmula común” para presentarlo al árbitro. El presidente Eduardo Frei Montalva expresó, en mayo de 1967, que las negociaciones directas no habían hecho sino “distanciar aún más los puntos de vista de ambos países”, por lo que recurría unilateralmente al árbitro según lo estipulado en el Tratado de 1902. Esto, en ningún caso, implicó un quiebre de las relaciones.

 

La década de 1970 fue un período complejo para la institucionalidad de ambos países. En el caso chileno, el tema del Beagle, sin desaparecer, perdió protagonismo. A pesar de ello, la política oficial no se modificó y, una vez electo, Salvador Allende aceptó y defendió el arbitraje ante el Congreso. Iniciado el proceso arbitral, la prensa informó que ambos países no buscarían más una fórmula común y, al prever la extensión del conflicto a otras áreas, iban a elaborar un “croquis neutro o limpio”. La prensa chilena jugó un gran papel aclarando el diferendo a la opinión pública, publicando artículos y editoriales redactadas por juristas y ex cancilleres.

 

El proceso arbitral fue arduo: desde mediados de 1971 hasta abril de 1977. Ambos gobiernos fueron notificados de que la sentencia -que había hecho suya el árbitro británico, S. M. Isabel II- incluía una lámina que señalaba el límite de las jurisdicciones nacionales dentro un área conocida como “el martillo”. Lamentablemente se cumplió lo que el presidente arbitral había anticipado: toda decisión debe desilusionar a una u otra parte: “Este es un riesgo que ellas asumen anticipadamente junto con la obligación, ante el honor y el derecho, de aceptar el resultado, cualesquiera que éste sea”. Chile aceptó el fallo con calma, estoicismo y fatalidad. En la Argentina, el gobierno estimó que lesionaba sus “intereses vitales” y en enero de 1978 declaró que lo consideraba “insanablemente nulo”. Las posiciones parecían irreconciliables: mientras desde el punto de vista chileno sólo restaba fijar el límite entre sus “respectivas jurisdicciones marítimas, más allá del último punto de la línea roja del Laudo”; en la Argentina, entiendo, se analizaban las consecuencias de los nuevos conceptos del derecho del mar.

 

Jorge R. Videla y Augusto Pinochet iniciaron una nueva etapa en el diferendo. Por la prensa nos enteramos de que las posiciones no habían cambiando pero que se habían formado comisiones bilaterales que distendían un poco los ánimos. Entusiasmaba ver menciones acerca de la conveniencia de conversar sobre “los comunes intereses antárticos”, pero el verano de 1978 pasó lento y, sotto voce, se empezaba hablar de guerra.

 

La prensa chilena era mesurada, hasta monótona. Arturo Fontaine, director de El Mercurio, asegura que no hubo instrucciones por parte del gobierno militar y que sólo el canciller Carvajal les explicó el diferendo “sin decir mucho”, aunque “todos comprendimos cual era nuestra obligación”. Sólo el diario La Segunda se refirió a la frugalidad noticiosa que imperaba, y la prensa argentina de entonces calificaba a la chilena como jurídica e inflexible. El estilo periodístico argentino, en cambio, temperaba nuestra aridez informativa con “trascendidos” de la prensa porteña, de los programas de canal 9 y de las conferencias que Isaac Rojas dictaba por doquier.

 

Terminado el verano de 1978, cuando las tensiones se intensificaban, surgió una línea diplomática paralela: la de la Iglesia católica. Inicialmente, su accionar no llamó la atención y sólo más tarde se conoció la labor desplegada por los obispos y prelados argentinos y chilenos (cabe recordar que ese año fallecieron los pontífices Paulo VI y Juan Pablo I). Meses después, oímos hablar de la “Operación Soberanía” y que militares argentinos “tomarían café” en Viña del Mar mientras la escuadra barrería la nuestra en las aguas australes. En Chile comentábamos que nuestros infantes de marina estaban ya desplegados y entendíamos que los argentinos harían lo mismo.

 

La opinión pública se entretenía en clasificar a los personeros como de “línea dura” o “conciliadores”. Pinochet y Videla eran considerados “conciliadores” por Clarín y La Opinión; pero, en Chile, se temía que éste último fuese sobrepasado por elementos más intransigentes. Ante el inminente fracaso de las comisiones mixtas, la tensión se agudizó. Hubo cambios en ambas cancillerías y en octubre empezaron los “oscurecimientos” en Buenos Aires. Chile invitó a la Casa Rosada a acudir a la Corte de La Haya conforme al Tratado suscrito en 1972.

 

El 2 de noviembre de 1978 cayó un pesado silencio. Después supimos que esa noche Videla envió una carta a su colega chileno y que Pío Laghi pidió a Roma un ofrecimiento de buenos oficios. Materializar el proceso de mediación no estaba exento de dificultades. Los días pasaban con tensa lentitud. Recién el 14 de noviembre se conoció la aceptación argentina condicionada a que se convinieran “las materias que se analizarán en la mediación”. La prensa chilena no hacía mayores comentarios. Recuerdo una lapidaria frase de Emilio Massera: “Algunos grupos quieren negociar lo innegociable. Incluso negociar con quien no quiere negociar”.

 

Conscientes del peligro que entrañaba la inactividad diplomática, se fijó una reunión de cancilleres para el 12 de diciembre. En ella, el entonces canciller Carlos W. Pastor expresó que para la Argentina sólo había un mediador: Juan Pablo II. El canciller Hernán Cubillos respondió escuetamente: “Conforme, Chile tiene plena confianza en Su Santidad”.

 

La tensión no aminoró. Faltaba conseguir el compromiso del Vaticano. Laghi apremiaba a la Santa Sede: “El tiempo disponible es brevísimo: lunes o martes las tropas argentinas recuperarán algunas islas alrededor de Cabo de Hornos, no como acto de agresión sino para afirmar derecho: si Chile, como es previsible, reaccionara, será conflicto armado”. Como la respuesta del Vaticano tardaba, los preparativos de guerra se aceleraron y el 21 de diciembre la flota argentina se desplazó hacia el sur. “Estuvimos esperando a los argentinos en el Drake durante seis horas“, señaló años más tarde un oficial chileno. Si la no iniciación de hostilidades se debió a un factor climático o a que las autoridades argentinas dieron la orden de detener el operativo, importa poco. Lo principal es que la guerra no se inició y todos respiramos, inquietos aún, pero aliviados.

 

Años más tarde se supo que la tardanza papal se debió a que el Vaticano dudaba que se desatara una guerra entre dos naciones católicas. Juan Pablo II envió al cardenal Antonio Samoré a ambas capitales después de la Navidad de 1978. No estaba claro el tenor de su visita y el cardenal aclaró que sólo era una “intervención informativa” para ver si había “posibilidades de un pacífico y honrado entendimiento” lo que, en cierta forma, nos defraudó. Samoré expresó que deseaba volver a Roma con “un documento de paz “, gestión que no parecía fácil. Nos preguntábamos que significaba esa “lucecita” de la que hablaba. La respuesta llegó a inicios de 1979 en Montevideo, donde ambos países expresaron su voluntad de regresar a la situación militar preexistente.

 

La mediación empezó en mayo de ese año. Samoré pretendía conducir a las partes “hacia una convergencia, conciliando, hasta alcanzar un entendimiento” y destacó que habría que hacer sacrificios ya que al término de la mediación no se podría “hablar jamás de vencedores ni vencidos”. Agregó que los sacrificios se harían “a sugerencia del Augusto Mediador, lo que lo haría más tolerable para las respectivas naciones”.

 

La reserva solicitada por el Papa hizo que el tema desapareciera de las primeras planas; y sólo por quienes participaron directamente supimos de las dificultades para encontrar “convergencias en temas colaterales”. En junio de 1980, Samoré presentó sus “sugerencias” para solucionar “todos los aspectos de la controversia”. Juan Pablo II señaló que entregaría sus propias sugerencias, enfatizando que la solución debería ser “justa, equitativa y honrosa”.

 

Trascendió parcialmente su propuesta por extractos publicados en un diario argentino: se hablaba de una zona de paz, de la navegación austral, de la creación de un santuario y de la separación entre jurisdicciones marítimas. La aceptación chilena a dicha propuesta se conoció seis días más tarde, el 18 de diciembre 1980. La aceptación argentina –por diversos factores– se hizo esperar un tanto más. Recordábamos entonces las palabras de Samoré en el sentido de que en estos temas había “que tener una botella de sapiencia, un barril de prudencia y un océano de paciencia”.

 

Nuevas circunstancias modificarían esta situación: el contexto político interno argentino había cambiado y la discreta y efectiva acción de los embajadores Barberis y Benadava logró acercar posiciones al sugerir la eliminación de ciertos aspectos de la propuesta papal. Posiblemente, la diplomacia vaticana no esperara tal modificación, pero ella contribuyó a un desarrollo más substancial de las negociaciones. Así, a fines de enero de 1984 se reunieron las delegaciones encabezadas por los cancilleres Dante Caputo y Jaime del Valle, y el cardenal Agostino Cassaroli les comunicó que “al haberse encontrado ese equilibrio justo y equitativo”, se podía pensar en suscribir un tratado de paz.

 

Estas nuevas negociaciones se prolongaron un año más: se discutió acerca del límite marítimo, se delimitaron las zonas económicas exclusivas y la boca del Estrecho y se definió la navegación por el Beagle y el estrecho de Le Maire. Más importante aún fue agregar un tratado de solución pacífica de controversias que reemplazaría al suscrito en 1972.

 

En octubre de 1984, se anunció que existía “plena coincidencia” y se dieron a conocer los aspectos principales del tratado. Dado que el presidente Raúl Alfonsín estimó consultar a la opinión pública, la ciudadanía argentina se pronunció a favor del tratado en un plebiscito. En ambos países, el texto se sometió a los trámites legislativos correspondientes y el 29 de noviembre, en la Sala Regia del Vaticano, los cancilleres firmaron los seis ejemplares del Tratado. Así, el día antes de que se cumplieran seis años del inicio del proceso de mediación, en una ceremonia presidida por el Sumo Pontífice, se hizo el intercambio de ratificaciones, dándose fin al proceso.

 

Preferiría que no me preguntasen si recuerdo algo de aquel tiempo o de las reacciones chilenas, si es que las hubo. Lo que todos recordamos es la tan esperada visita del Papa a nuestros países en abril de 1987. Recordamos su sonrisa y su mensaje. Olvidamos por qué tuvo que venir y nos dedicamos sólo a agradecer su presencia y su cariño. Ahora, tantos años después, me pregunto qué hemos construido con esa paz y qué ha pasado en la Zona de Paz Austral. ¿Fueron sólo promesas para salir del paso o seremos realmente capaces de llevar el proceso de integración a la zona austral y antártica?

 

La autora es miembro del Centro de Estudios Hemisférico y Polares de Chile. El texto es parte de su conferencia en el marco del “Encuentro Binacional por la Paz” organizado recientemente por la Universidad de Congreso, en Mendoza.